La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) atrajo este lunes los amparos relacionados con el caso de María Elena Ríos, la saxofonista oaxaqueña que sobrevivió a un ataque con ácido en 2019, para analizar si fue legal anular el juicio oral en el que Juan Antonio Vera Carrizal y otros implicados habían sido absueltos.

La decisión fue aprobada por mayoría de votos durante la sesión del Pleno, luego de una nueva solicitud para que el máximo tribunal intervenga en la controversia judicial. La Corte examinará las circunstancias que llevaron a dejar sin efectos la absolución y ordenar la reposición del juicio, sin resolver todavía la responsabilidad penal de los acusados.

El punto central consiste en determinar si una jueza sustituta podía anular el juicio después de que el juzgador que presenció las pruebas y emitió el fallo absolutorio fue suspendido de sus funciones, cuando aún estaban pendientes la redacción definitiva de la sentencia y la audiencia para su lectura y explicación.

La controversia está relacionada con el principio de inmediación, que establece que la persona juzgadora debe tener contacto directo con las pruebas y las actuaciones desarrolladas durante el juicio oral. La SCJN analizará los alcances de ese principio y las facultades de una jueza que no estuvo presente durante el desahogo de las pruebas.

Durante la discusión, la ministra Loretta Ortiz Ahlf señaló que el asunto tiene relevancia tanto por sus implicaciones para el debido proceso y la seguridad jurídica como por el acceso a la justicia de las víctimas de violencia de género. El ministro presidente, Hugo Aguilar Ortiz, aclaró que la revisión se concentrará en el procedimiento judicial y no en determinar el fondo de las acusaciones.

El caso se remonta al 9 de septiembre de 2019, cuando María Elena Ríos fue atacada con ácido en su domicilio, en Huajuapan de León, Oaxaca. Por la agresión, Vera Carrizal, empresario y exdiputado local, es señalado como presunto autor intelectual del ataque.

El 14 de agosto de 2024, un juez absolvió a Vera Carrizal y a otros dos acusados; sin embargo, horas después, una jueza sustituta dejó sin efectos esa resolución y ordenó anular el juicio. La decisión impidió que se concretara la liberación de Vera Carrizal, quien permanece en prisión preventiva.

En mayo de 2026, la Suprema Corte había rechazado atraer una solicitud relacionada con el caso. La nueva decisión abre la puerta a que el máximo tribunal revise la controversia sobre la validez de la anulación del juicio y establezca criterios sobre la actuación de jueces sustitutos en circunstancias similares.