La gobernadora de Chihuahua, Maru Campos, se pronunció sobre la detención del exfiscal general del estado, César Jáuregui Moreno, relacionada con la investigación por la participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos en un operativo contra un presunto narcolaboratorio en la Sierra Tarahumara.

“La Fiscalía hizo lo que le corresponde; ahora decide el Poder Judicial”, afirmó la mandataria, quien sostuvo que su administración atenderá cualquier solicitud de información o diligencia que realicen las autoridades federales, conforme a la ley.

Campos también advirtió que ninguna persona que forme o haya formado parte de su gobierno está por encima de la ley, en medio de la controversia que ha generado la detención del exfuncionario y las investigaciones relacionadas con el operativo.

Jáuregui fue detenido el 17 de octubre por su presunta responsabilidad en irregularidades relacionadas con la intervención de agentes estadounidenses en territorio mexicano. La investigación estatal incluye acusaciones por ejercicio ilegal del servicio público y coalición, mientras que en el ámbito federal se indaga una posible responsabilidad por traición a la patria.

El caso se originó por un operativo realizado en abril en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, contra un laboratorio clandestino de drogas sintéticas. Tras un accidente vehicular relacionado con el despliegue, murieron dos agentes estadounidenses y dos funcionarios mexicanos, lo que puso bajo escrutinio la participación de personal extranjero en acciones de seguridad dentro del país.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se refirió al caso este lunes y señaló que las investigaciones deben esclarecer cómo se autorizó la participación de agentes estadounidenses en el operativo. La mandataria ha sostenido que las acciones operativas contra laboratorios de drogas corresponden a las autoridades mexicanas facultadas por la ley.

Mientras avanzan los procedimientos, la gobernadora de Chihuahua aseguró que su administración colaborará con la Federación en las diligencias que sean requeridas. La responsabilidad penal de Jáuregui y las posibles implicaciones para otros funcionarios deberán determinarse mediante los procesos judiciales correspondientes.