La presidenta Claudia Sheinbaum anunció que propondrá fortalecer a Talleres Gráficos de México para que produzca la mayor parte de la papelería electoral, en medio de la polémica por los contratos del Instituto Nacional Electoral (INE) y los señalamientos sobre posibles irregularidades en las contrataciones.

La propuesta contempla reforzar la estructura de la empresa pública mediante un consejo de administración y mecanismos de vigilancia externa, con el argumento de garantizar precios justos, transparencia y reducir la dependencia de proveedores privados.

Sin embargo, el planteamiento abre un debate sobre los límites de la participación del Gobierno federal en los insumos que utiliza el organismo responsable de organizar las elecciones. El INE es autónomo y sus decisiones deben mantenerse dentro de sus atribuciones legales.

Talleres Gráficos, en el centro de la propuesta

Sheinbaum señaló que busca que una empresa del Estado asuma una mayor parte de la producción de materiales electorales. La iniciativa apunta a modificar el esquema actual de contratación, en el que participan proveedores privados.

Talleres Gráficos de México ya existe como empresa pública; por ello, la propuesta no consiste en crear una institución desde cero, sino en fortalecerla y ampliar su papel en la producción de papelería electoral.

La discusión también adquiere relevancia porque Talleres Gráficos participó junto con Cosmocolor e Icards Solutions en un contrato relacionado con servicios para las credenciales para votar del periodo 2026-2031. Su intervención fue delimitada al ensobretado de credenciales destinadas al voto desde el extranjero.

Esa participación no demuestra por sí misma que la empresa haya cometido irregularidades. No obstante, el antecedente hace relevante que las revisiones de las contrataciones contemplen a todos los participantes, tanto públicos como privados.

La autonomía del INE, en el debate

La propuesta presidencial plantea una pregunta sobre el alcance que tendría el nuevo esquema: ¿cómo se garantizará que el Gobierno federal no intervenga en decisiones que corresponden al INE?

Fortalecer a una empresa pública para producir materiales electorales no implica automáticamente controlar al organismo autónomo. Sin embargo, cualquier cambio deberá respetar las facultades legales del Instituto y asegurar que sus decisiones de contratación se mantengan independientes.

En paralelo, Sheinbaum pidió revisar los contratos relacionados con los materiales electorales para esclarecer los señalamientos y determinar si existen responsabilidades. Las auditorías deberán establecer, con pruebas, si hubo irregularidades y quiénes participaron en ellas.

El debate no se limita a elegir entre empresas públicas o privadas. También implica definir reglas de contratación, supervisión y rendición de cuentas que garanticen transparencia sin comprometer la autonomía del organismo encargado de organizar las elecciones.