Claudia Sheinbaum volvió a deslindarse de Guadalupe Taddei y negó que ella o el expresidente Andrés Manuel López Obrador hayan avalado su llegada a la presidencia del Instituto Nacional Electoral (INE). La mandataria sostuvo que los comentarios positivos que ambos hicieron sobre la entonces funcionaria se limitaron a la reducción salarial que aplicó al asumir el cargo.

“AMLO no la avaló, dijo ‘qué bueno que disminuyó su sueldo’ porque Lorenzo Córdova ganaba no sé cuánto. Yo también publiqué ‘qué bueno que llegó la austeridad republicana’ porque ella se bajó el sueldo”, afirmó Sheinbaum este jueves 29 de octubre durante su conferencia matutina.

Con esta declaración, la presidenta buscó establecer una diferencia entre reconocer una medida de austeridad y respaldar políticamente a Taddei, cuya gestión al frente del organismo electoral ha quedado bajo cuestionamiento por señalamientos sobre posibles irregularidades.

Sheinbaum también recordó que la designación de Taddei se concretó mediante insaculación en la Cámara de Diputados, después de que no se alcanzara la mayoría calificada requerida para elegirla mediante votación.

La mandataria fue más allá del deslinde al afirmar que Guadalupe Taddei “traicionó la confianza del pueblo de México” y sostuvo que no se debe defender a una persona si se comprueba que cometió irregularidades.

La postura se suma a sus declaraciones del lunes 26 de octubre, cuando también pidió investigar los señalamientos relacionados con la gestión de la exconsejera presidenta. Ahora, Sheinbaum enfatizó que ni ella ni López Obrador deben ser considerados responsables de haber respaldado su nombramiento por el hecho de haber reconocido públicamente la reducción de su sueldo.

El deslinde de la presidenta coloca el foco en el alcance de aquel reconocimiento público y en la necesidad de separar las expresiones políticas de las responsabilidades administrativas o legales que puedan determinarse mediante una investigación.

Hasta el momento, las acusaciones deben distinguirse de las conclusiones que emitan las autoridades competentes. Una auditoría o investigación será la que permita establecer si existieron irregularidades y, en su caso, quiénes serían responsables.