La presidenta Claudia Sheinbaum llamó a la oposición a centrar la discusión pública en el caso de Genaro García Luna y dejar de lado los señalamientos que califican como “narcogobierno” a las administraciones emanadas de Morena.

Durante sus declaraciones de este viernes, la mandataria sostuvo que existen elementos ampliamente documentados sobre la relación del exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno de Felipe Calderón con integrantes del crimen organizado, por lo que consideró que ese episodio debe formar parte de la discusión sobre la seguridad y la corrupción en México.

El pronunciamiento ocurre en un momento en el que el gobierno federal enfrenta cuestionamientos de la oposición por los señalamientos realizados desde Estados Unidos contra funcionarios y exfuncionarios vinculados con gobiernos de Morena.

Sheinbaum planteó que el debate no debe construirse únicamente a partir de acusaciones políticas, sino a partir de hechos y procesos judiciales que permitan establecer responsabilidades.

La presidenta volvió a referirse a García Luna, quien fue secretario de Seguridad Pública durante el sexenio de Felipe Calderón y posteriormente fue declarado culpable en Estados Unidos por delitos relacionados con narcotráfico y delincuencia organizada.

El caso del exfuncionario se ha convertido nuevamente en uno de los principales argumentos utilizados por el gobierno federal para cuestionar la estrategia de seguridad implementada durante administraciones anteriores.

Sheinbaum ha sostenido que durante ese periodo existieron vínculos entre autoridades de alto nivel y organizaciones criminales, y ha señalado que la condena de García Luna constituye un elemento que debe considerarse al analizar la política de seguridad de aquellos años.

En esta ocasión, la presidenta pidió que la discusión pública se concentre en las conductas que fueron acreditadas judicialmente en el caso del exfuncionario y no únicamente en acusaciones generales dirigidas contra gobiernos posteriores.

Las declaraciones se producen en medio de una ofensiva política de partidos de oposición, que han utilizado los recientes señalamientos contra integrantes de Morena para cuestionar al gobierno federal y exigir explicaciones.

El debate se intensificó después de que autoridades estadounidenses formularan acusaciones contra funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntos vínculos con organizaciones dedicadas al tráfico de drogas.

Uno de los casos que mayor impacto político ha generado es el del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien fue señalado por autoridades estadounidenses y posteriormente protagonizó un breve regreso a la gubernatura antes de solicitar nuevamente licencia.

La situación provocó una fuerte reacción dentro de Morena y llevó a la propia Sheinbaum a cuestionar públicamente la decisión de Rocha de regresar al cargo sin haber consultado previamente al gobierno federal.

El episodio terminó con una nueva licencia indefinida del mandatario y la designación de una gobernadora interina.

El caso de Sinaloa ha colocado bajo presión a otros personajes políticos relacionados con el gobierno estatal.

Entre ellos se encuentra el senador Enrique Inzunza, quien fue señalado junto con Rocha Moya por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.

Inzunza ha rechazado las acusaciones y mantiene su cargo como senador, aunque su situación política se complicó después de anunciar su salida de la bancada de Morena.

La Fiscalía mexicana también mantiene abiertas investigaciones relacionadas con los señalamientos que involucran a políticos sinaloenses. Hasta ahora, las acusaciones provenientes de Estados Unidos no equivalen por sí mismas a una sentencia en México y los señalados han rechazado tener vínculos con organizaciones criminales.

Frente a las acusaciones de que Morena estaría construyendo un “narcogobierno”, la presidenta ha rechazado que su administración tenga vínculos con grupos delictivos.

La mandataria ha insistido en que su gobierno mantiene una estrategia de combate al crimen organizado y ha destacado acciones de cooperación con autoridades estadounidenses, al mismo tiempo que ha reclamado que cualquier acusación contra funcionarios mexicanos debe estar sustentada en pruebas.

El debate ha adquirido una dimensión política mayor debido a que algunos de los señalados forman parte o estuvieron vinculados con estructuras de Morena.

Por ello, la referencia constante al caso García Luna funciona también como una respuesta del gobierno federal a los cuestionamientos de la oposición: mientras sus adversarios piden explicaciones por los señalamientos actuales, la administración de Sheinbaum vuelve la mirada hacia uno de los casos de mayor impacto de la política de seguridad de los gobiernos anteriores.

Un debate que continúa abierto

La discusión sobre los posibles vínculos entre autoridades y grupos del crimen organizado permanece como uno de los principales frentes políticos entre el gobierno y la oposición.

Por un lado, Morena utiliza el caso García Luna como antecedente para cuestionar las administraciones panistas y exigir que se considere la responsabilidad judicialmente acreditada del exfuncionario.

Por otro, la oposición sostiene que los señalamientos contra integrantes de Morena deben investigarse con la misma severidad y que el gobierno federal debe ofrecer explicaciones sobre cualquier funcionario señalado por autoridades extranjeras.

En medio de esta confrontación política, Sheinbaum insistió en que el debate debe centrarse en hechos concretos y procesos de investigación, mientras los casos que involucran a funcionarios y exfuncionarios morenistas continúan bajo escrutinio.

La discusión, lejos de cerrarse, vuelve a colocar sobre la mesa una pregunta que ha acompañado a la política mexicana durante los últimos años: cómo determinar responsabilidades cuando existen acusaciones de posibles vínculos entre estructuras de poder y organizaciones criminales, sin convertir los señalamientos políticos en sentencias anticipadas.