La presión política sobre el senador Enrique Inzunza Cázarez aumentó luego de que ciudadanos comenzaron a reunir firmas mediante una plataforma digital para exigir que el legislador solicite licencia y se separe temporalmente de su cargo, en medio de los señalamientos formulados por autoridades de Estados Unidos sobre presuntos vínculos con el narcotráfico.

La petición ciudadana plantea que Inzunza se aparte de su escaño mientras continúan las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra y los de otros funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa.

El reclamo ocurre en un momento particularmente complejo para el legislador, quien en los últimos días rompió con la bancada de Morena y anunció que continuará ejerciendo como senador, pero ahora sin pertenecer a ningún grupo parlamentario.

La decisión de Inzunza se produjo después de que la dirigencia de Morena y distintos integrantes del oficialismo incrementaran sus llamados para que solicitara licencia y enfrentara las investigaciones sin el respaldo que le proporciona el cargo.

La recolección de firmas representa un nuevo frente de presión para el senador sinaloense, quien hasta ahora ha rechazado separarse de manera definitiva de su responsabilidad legislativa.

El argumento de quienes impulsan la petición es que Inzunza debería apartarse temporalmente del Senado mientras se esclarecen los señalamientos realizados desde Estados Unidos y las investigaciones que permanecen abiertas en México.

La controversia no se limita a sectores de oposición. En los últimos días, figuras de Morena también han considerado que lo procedente sería que el legislador solicitara licencia.

La presidenta nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo que Inzunza debió separarse del cargo para poder enfrentar las investigaciones. En el mismo sentido se pronunció la senadora Imelda Castro, quien consideró que lo congruente sería que el legislador pidiera licencia independientemente de si permanece o no dentro de la bancada morenista.

La presidenta Claudia Sheinbaum también señaló que, a su consideración, los funcionarios y exfuncionarios sinaloenses que se encuentran bajo investigación deberían valorar la posibilidad de solicitar licencia para facilitar el desarrollo de las indagatorias.

El conflicto político se profundizó esta semana, cuando Inzunza anunció su separación de la bancada de Morena.

El senador argumentó que tomó la decisión por convicción personal y aseguró que continuará ejerciendo el cargo de manera independiente hasta concluir el periodo para el que fue electo.

Con ello, el legislador dejó de contar con el respaldo de la bancada mayoritaria en el Senado, aunque mantiene su escaño y las facultades inherentes a su cargo.

La ruptura ocurrió después de que Morena había expresado reservas sobre su regreso a las actividades legislativas y diversos integrantes del partido consideraran inconveniente su reincorporación mientras persisten los señalamientos.

El distanciamiento también marca un cambio importante en la trayectoria política de Inzunza, quien hasta hace algunos meses era considerado uno de los perfiles con posibilidades de competir por la gubernatura de Sinaloa en 2027.

La polémica también se relaciona con la prolongada ausencia del senador de las instalaciones del Congreso.

De acuerdo con información publicada esta semana, Inzunza acumulaba 118 días sin presentarse físicamente en su oficina, el pleno u otros espacios del Senado. Durante ese periodo únicamente participó de manera virtual en una sesión de la Comisión de Justicia, el 25 de junio.

Pese a ello, el legislador ha sostenido que continuó trabajando durante el receso legislativo y ha rechazado las acusaciones en su contra.

Inzunza ha defendido públicamente su permanencia en el Senado y ha insistido en que fue elegido para representar a la ciudadanía. También ha señalado que los señalamientos son parte de una campaña de calumnias en su contra.

¿Qué señalamientos enfrenta?

La controversia se originó después de que autoridades estadounidenses incluyeran a Inzunza entre funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa señalados por presuntos vínculos con organizaciones delictivas.

El caso también involucra al gobernador de Sinaloa con licencia, Rubén Rocha Moya, y a otros integrantes o exintegrantes de la estructura política y administrativa estatal.

Los señalamientos han provocado una crisis política en Sinaloa y una creciente presión sobre los funcionarios mencionados para que se separen de sus cargos mientras avanzan las investigaciones.

En el caso de Inzunza, hasta el momento, la acusación no equivale por sí misma a una sentencia ni determina responsabilidad penal. El senador ha rechazado los señalamientos y ha manifestado disposición para responder ante las autoridades mexicanas cuando sea requerido.

La situación de Inzunza ocurre después de la polémica generada por el regreso de Rocha Moya a la gubernatura de Sinaloa, decisión que posteriormente quedó sin efecto luego de que el mandatario solicitara nuevamente licencia.

El episodio provocó pronunciamientos de dirigentes de Morena y del gobierno federal para marcar distancia respecto de las decisiones del gobernador con licencia.

En este contexto, la permanencia de Inzunza en el Senado se convirtió también en un asunto político para Morena.

El senador decidió finalmente abandonar la bancada antes de que el grupo parlamentario pudiera formalizar su separación, pero mantiene su cargo constitucional.

Con la campaña de recolección de firmas, la exigencia para que solicite licencia deja de estar concentrada únicamente en actores partidistas y legisladores y se traslada también al terreno de la presión ciudadana.

Ahora, el futuro político de Inzunza dependerá no sólo de las investigaciones relacionadas con los señalamientos en su contra, sino también de su capacidad para mantenerse en el Senado sin el respaldo de Morena y en medio de una creciente controversia pública.