La Secretaría de Educación Pública (SEP) perfila nuevas reglas para regular el uso de teléfonos celulares y otros dispositivos móviles dentro de las escuelas de educación básica, con el objetivo de reducir distracciones y favorecer la atención de las y los estudiantes durante las actividades escolares.

La medida forma parte de una discusión nacional impulsada por el Gobierno de México sobre el impacto que tienen los dispositivos digitales y las redes sociales en niñas, niños y adolescentes.

Por ahora, no se contempla una prohibición nacional generalizada. La propuesta se encuentra en proceso de definición y considera la opinión del personal docente antes de establecer las reglas que podrían aplicarse en las escuelas durante el ciclo escolar 2026-2027.

Más de un millón de docentes participaron en consulta

Como parte de este proceso, la SEP convocó a más de un millón de maestras y maestros de educación inicial, preescolar, primaria y secundaria para conocer su opinión sobre la regulación de los teléfonos celulares en los planteles.

La consulta se realizó durante la fase intensiva de los Consejos Técnicos Escolares, los días 24 y 25 de agosto, con participación de docentes de más de 200 mil escuelas de las 32 entidades federativas.

La intención es que las decisiones sobre el uso de dispositivos móviles no se establezcan únicamente desde las autoridades educativas, sino que consideren la experiencia cotidiana de quienes trabajan directamente en las aulas.

El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, informó que las nuevas reglas serán definidas mediante un proceso de consulta escuela por escuela y que el tema forma parte de las decisiones que se preparan para el nuevo ciclo escolar.

La discusión surge ante el creciente uso de teléfonos inteligentes por parte de estudiantes y las dificultades que enfrentan docentes para mantener su atención durante las clases.

La SEP ha señalado que el impacto de los dispositivos digitales no se limita al momento en que los estudiantes se encuentran dentro del salón, sino que también está relacionado con el consumo de redes sociales, plataformas digitales y otros contenidos que forman parte de su vida cotidiana.

El objetivo planteado por las autoridades es construir una política que permita aprovechar la tecnología cuando tenga una finalidad educativa, pero que al mismo tiempo evite que los dispositivos se conviertan en una fuente constante de distracción.

Desde agosto, la SEP ha advertido que el debate debe ir más allá de decidir si se permite o no el teléfono en el aula. La dependencia plantea analizar también la influencia de los algoritmos, las plataformas digitales y las redes sociales sobre los hábitos y conductas de niñas, niños y adolescentes.

La discusión nacional también toma en cuenta que algunas entidades federativas ya cuentan con reglas propias para limitar o regular el uso de celulares en los planteles educativos.

La presidenta Claudia Sheinbaum señaló que 16 estados ya tienen algún tipo de regulación y que el propósito es analizar la posibilidad de establecer criterios para todo el país.

Sin embargo, antes de definir una política nacional, el Gobierno federal decidió consultar a los docentes, al considerar que tienen contacto directo con estudiantes y familias y conocen las situaciones que se presentan diariamente en las aulas.

Esto significa que las reglas podrían no ser idénticas para todas las escuelas y que todavía está por definirse el alcance que tendrá la regulación.

¿Se prohibirán los celulares?

Uno de los principales puntos de debate es si la medida terminará en una prohibición absoluta o si se establecerán restricciones específicas.

La propuesta que analiza la SEP contempla la posibilidad de limitar el uso de teléfonos durante las clases, pero también existe la posibilidad de permitirlos cuando sean utilizados con fines pedagógicos.

Especialistas consultados por medios nacionales han planteado que una regulación puede ser más efectiva que una prohibición absoluta, especialmente cuando los dispositivos pueden convertirse en herramientas para determinadas actividades educativas.

La discusión también considera la necesidad de que estudiantes, docentes y familias establezcan acuerdos claros sobre cuándo y para qué pueden utilizarse los teléfonos.

El Gobierno federal busca que la nueva política esté sustentada en evidencia y en la experiencia de las comunidades escolares.

Por ello, el proceso de consulta representa una etapa previa a la definición de las reglas que podrían aplicarse durante el ciclo escolar 2026-2027.

La discusión no sólo contempla el comportamiento de los estudiantes dentro de las aulas, sino el impacto más amplio de las plataformas digitales en la infancia y adolescencia.

Mientras las autoridades terminan de analizar las opiniones de los docentes, el debate sobre los celulares en las escuelas continúa abierto: la principal disyuntiva será determinar hasta dónde debe llegar la regulación y cómo garantizar que la tecnología pueda utilizarse como herramienta educativa sin afectar la atención y el proceso de aprendizaje.