El Partido Acción Nacional (PAN) presentó un paquete de reformas para fortalecer el derecho de réplica y establecer mecanismos para que ciudadanos y periodistas puedan responder con mayor rapidez a información difundida desde espacios oficiales del gobierno, incluidas las conferencias mañaneras.

La propuesta fue presentada este miércoles por el dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, junto con legisladores del partido, quienes acusaron que las actuales disposiciones en materia de comunicación gubernamental pueden generar condiciones de censura y presión hacia medios de comunicación y periodistas.

Uno de los principales planteamientos consiste en modificar la Ley del Derecho de Réplica para establecer un plazo máximo de tres días hábiles para que una autoridad determine si procede una solicitud de réplica relacionada con información difundida por un ente público.

De aprobarse, cuando la réplica sea considerada procedente y la información original haya sido difundida durante una conferencia de prensa, transmisión oficial, comunicado o plataforma institucional, la respuesta tendría que difundirse mediante el mismo espacio y bajo condiciones equivalentes de horario, duración, alcance, relevancia y permanencia.

Durante una conferencia de prensa en el Senado, Jorge Romero sostuvo que el PAN busca enfrentar lo que considera un riesgo para la libertad de expresión y para el trabajo de los medios de comunicación.

El dirigente panista señaló que los nuevos lineamientos relacionados con los derechos de las audiencias representan, desde su perspectiva, una amenaza de censura. En ese contexto, el partido planteó reformas para impedir que funcionarios utilicen recursos públicos para amedrentar, acosar, denostar o intentar silenciar a ciudadanos, organizaciones civiles y periodistas.

La iniciativa contempla modificar el artículo 38 de la Constitución para establecer sanciones ante ese tipo de conductas.

El PAN sostiene que el objetivo es proteger la libertad de expresión y evitar que el uso de espacios oficiales pueda convertirse en una herramienta de presión contra quienes realizan labores periodísticas.

La propuesta también establece reglas específicas para las réplicas relacionadas con información difundida por instituciones públicas.

El proyecto señala que el derecho de réplica se limitaría a hechos falsos, inexactos o que carezcan de verificabilidad objetiva. Las opiniones, críticas y valoraciones quedarían fuera, salvo cuando incluyan afirmaciones de hechos que puedan comprobarse.

En caso de que una solicitud sea aceptada, la respuesta tendría que difundirse en la siguiente conferencia, transmisión o espacio oficial equivalente.

El planteamiento busca que la persona afectada pueda responder en condiciones similares a aquellas en las que se difundió originalmente la información, evitando que una aclaración tenga un alcance significativamente menor que el mensaje que la originó.

El paquete presentado por Acción Nacional incluye además una propuesta para crear una nueva Ley de Comunicación Social, con restricciones al uso de conferencias y otros espacios gubernamentales durante los procesos electorales.

La iniciativa plantea que, durante esos periodos, la comunicación oficial del gobierno se limite a asuntos considerados indispensables, entre ellos protección civil, salud y educación.

El PAN argumenta que esta medida busca impedir que los recursos y espacios de comunicación institucional sean utilizados con fines políticos o electorales.

La propuesta se suma al debate que se ha generado en torno a las reglas para las conferencias gubernamentales, los derechos de las audiencias y los mecanismos de réplica.

El planteamiento panista ocurre en un momento de tensión entre fuerzas de oposición y el gobierno federal por el alcance de la comunicación oficial.

Mientras Acción Nacional sostiene que deben existir mayores garantías para periodistas y ciudadanos frente a señalamientos realizados desde espacios gubernamentales, el debate legislativo deberá determinar los alcances de cualquier modificación legal y su compatibilidad con las garantías constitucionales de libertad de expresión y derecho a la información.

La propuesta aún deberá seguir el proceso legislativo correspondiente antes de convertirse, en su caso, en una modificación vigente.