La Fiscalía General de la República (FGR) determinó reservar durante cinco años la información relacionada con Mauro Alberto Núñez Ojeda, alias “El Jando”, identificado por la propia institución como el piloto que trasladó a Ismael “El Mayo” Zambada y a Joaquín Guzmán López de Culiacán, Sinaloa, a Nuevo México, Estados Unidos, en julio de 2024.
La clasificación fue confirmada el 19 de agosto de 2026 por el Comité de Transparencia de la FGR, por lo que las grabaciones, entrevistas, peritajes y demás documentos integrados en las carpetas de investigación permanecerán reservados hasta 2031, salvo que antes desaparezcan las causas que originaron la clasificación.
La decisión respondió a una solicitud de acceso a la información en la que se pidió una versión pública de los expedientes. La Fiscalía argumentó que revelar su contenido podría representar un riesgo real, demostrable e identificable para la seguridad nacional y el interés público, además de comprometer las investigaciones que continúan en curso.
De acuerdo con la institución, la difusión de los documentos permitiría conocer líneas de investigación, evidencias y diligencias realizadas por el Ministerio Público de la Federación, lo que podría afectar la eficacia de las indagatorias y la persecución de posibles delitos.
La FGR también señaló que la divulgación de información contenida en carpetas de investigación podría afectar los derechos humanos y las garantías procesales de las personas involucradas en el caso.
El expediente adquirió relevancia después de que la propia Fiscalía reconociera en julio pasado que fue hasta junio de 2026 cuando encontró indicios que permitieron vincular a “El Jando” con el piloto de la aeronave utilizada para trasladar a “El Mayo” Zambada y Joaquín Guzmán López desde Culiacán hacia Nuevo México el 25 de julio de 2024. Los elementos encontrados incluyeron coincidencias de voz y huellas dactilares.
Mauro Alberto Núñez Ojeda había sido detenido en febrero de 2025 y posteriormente entregado a Estados Unidos en agosto de ese mismo año como parte de un grupo de personas trasladadas a ese país. La FGR aclaró que la entrega no extinguía las investigaciones que pudieran existir en México en su contra.
La reserva también incluye una advertencia para servidores públicos: la Fiscalía sostuvo que revelar o filtrar información de expedientes en trámite podría constituir un delito contra la administración de justicia, además de generar responsabilidades administrativas.
Con la determinación del Comité de Transparencia, los detalles de las diligencias realizadas alrededor de “El Jando” permanecerán fuera del acceso público durante los próximos cinco años, mientras continúan las investigaciones relacionadas con el traslado de los dos integrantes del Cártel de Sinaloa a territorio estadounidense.
