La Secretaría de Hacienda y Crédito Público pidió a la Fiscalía General de la República ejercer acción penal contra los responsables de Portacelis Gas and Oil, empresa de Tabasco vinculada con Jorge Amílcar Olán, señalado como amigo de Andrés Manuel López Beltrán, “Andy”, por presuntas operaciones de huachicol fiscal que habrían provocado un daño superior a 834 millones de pesos al fisco federal.
La información fue dada a conocer por Reforma, que documentó que el Servicio de Administración Tributaria presentó ante la FGR una declaratoria de perjuicio contra la compañía por operaciones realizadas entre el 11 de febrero y el 27 de junio de 2025.
De acuerdo con la información publicada por el diario, Portacelis Gas and Oil tramitó durante ese periodo 139 pedimentos de importación de combustibles, entre ellos diésel automotriz, gasóleo y mezclas con contenido de azufre.
Los productos habrían ingresado al país mediante ferrotanques y con información falsa en los trámites aduanales, lo que habría permitido omitir el pago de derechos e impuestos federales por un monto calculado en 834 millones de pesos.
La declaratoria de perjuicio fue presentada el 25 de marzo de 2026 por Francisco Javier Arias Chávez, administrador de Asuntos Penales del SAT, ante la Fiscalía Especial en Investigación de Delitos Fiscales y Financieros de la FGR.
Según los documentos citados por Reforma, la solicitud de acción penal está dirigida contra José Alonso Ulin Hernández, administrador único de Portacelis Gas and Oil, así como contra los agentes aduanales Juan Hermilo Chávez Rodríguez, Hantulio Ordoñez Juárez, Víctor José Carretero Zardeneta y Carlos Francisco Cruz Lara, además de quien o quienes resulten responsables.
Portacelis fue constituida el 6 de agosto de 2024 en Villahermosa, Tabasco. En su inicio, los socios designaron como administrador único a Juan Carlos de la Cruz Murillo, quien posteriormente dejó el cargo.
De la Cruz Murillo es señalado como un colaborador cercano de Jorge Amílcar Olán y aparece relacionado con otras empresas vinculadas al empresario. Entre ellas se encuentran Romedic, compañía relacionada con la comercialización de medicamentos; Poyago, y Inmobiliaria e Infraestructura Portacelis, donde Olán posee participación accionaria.
El 23 de diciembre de 2024, De la Cruz Murillo dejó la administración de Portacelis y fue sustituido por José Alonso Ulin Hernández, quien se encontraba al frente de la compañía cuando se realizaron las operaciones de importación investigadas por el SAT.
Otro de los nombres que aparece en el expediente es el del agente aduanal Víctor José Carretero Zardeneta, señalado por su presunta participación en los trámites de los 139 pedimentos.
De acuerdo con la información difundida por Reforma, Carretero habría salido de México hacia Estados Unidos en enero de 2026, cuando la FGR preparaba su detención en la zona fronteriza entre Matamoros y Brownsville.
El caso forma parte de las investigaciones federales relacionadas con el denominado huachicol fiscal, esquema mediante el cual presuntamente se introducen combustibles al país con información falsa o clasificaciones arancelarias incorrectas para evitar el pago de impuestos y derechos.
La solicitud presentada por Hacienda no representa por sí misma una sentencia ni determina la responsabilidad penal de los señalados. Corresponderá a la FGR continuar con las investigaciones y determinar si existen elementos suficientes para llevar el caso ante un juez.
La información también vuelve a colocar bajo escrutinio la red empresarial relacionada con Jorge Amílcar Olán y su presunta cercanía con Andy López Beltrán. Sin embargo, los señalamientos contenidos en este expediente están dirigidos contra los responsables de las operaciones de Portacelis y los agentes aduanales mencionados, sin que ello implique una imputación penal contra López Beltrán.
