El caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, escaló a nivel internacional luego de que el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes de Estados Unidos advirtiera que las acciones legales en su contra “son solo el principio”.
El pronunciamiento surge tras las acusaciones presentadas por autoridades estadounidenses, que señalan al mandatario y a otros funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico, en particular con el Cártel de Sinaloa.
A través de redes sociales, el comité legislativo estadounidense lanzó un mensaje contundente: “Se acabó la impunidad para los narcoterroristas… esto es solo el comienzo”, dejando claro que se prevén más acciones contra actores vinculados al tráfico de drogas hacia ese país.
Las acusaciones forman parte de una investigación impulsada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que incluye cargos por conspiración para introducir drogas, uso de armas y presunta colaboración con organizaciones criminales a cambio de beneficios políticos y económicos.
El caso ha generado tensión diplomática entre México y Estados Unidos, luego de que el gobierno mexicano señalara que las solicitudes de acción legal no incluyen pruebas suficientes, lo que ha frenado posibles procedimientos como detenciones o extradiciones.
Por su parte, Rocha Moya ha rechazado de manera categórica las acusaciones, asegurando que carecen de fundamento y que demostrará su inocencia.
Este escenario abre un nuevo capítulo en la relación bilateral en materia de seguridad, con implicaciones políticas y judiciales que podrían extenderse a otros funcionarios señalados en la investigación estadounidense.
