El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero, presentó un paquete de propuestas denominado “100 Soluciones para México”, en el que destaca una de las medidas más severas en materia de seguridad: imponer cadena perpetua a funcionarios públicos vinculados con el crimen organizado.

Durante la presentación realizada en el World Trade Center de la Ciudad de México, Romero sostuvo que el país atraviesa una crisis marcada por la corrupción, la violencia y la presunta colusión entre autoridades y grupos delictivos, por lo que consideró necesario aplicar castigos ejemplares.

El líder panista planteó que cualquier servidor público que proteja, financie o colabore con organizaciones criminales debe enfrentar la pena máxima, al considerar que se trata de una traición a la ciudadanía.

Esta propuesta forma parte de un plan más amplio que busca, según el PAN, recuperar la seguridad, fortalecer la economía y garantizar servicios como salud y educación. Entre otras medidas, también se incluyen herramientas tecnológicas como aplicaciones de denuncia ciudadana con geolocalización, así como la conexión de cámaras privadas a sistemas de vigilancia pública.

El documento presentado contiene un centenar de iniciativas que buscan redefinir la agenda del partido rumbo a los próximos procesos electorales, en un contexto político marcado por la disputa con el oficialismo y las críticas a la estrategia de seguridad actual.

De acuerdo con análisis y reportes de otros medios, el plan también contempla acciones inspiradas en modelos internacionales, como el endurecimiento del sistema penitenciario y nuevas estrategias de combate al crimen, lo que refleja un giro hacia políticas más estrictas en materia de seguridad.

Cabe señalar que, en el marco legal actual de México, la cadena perpetua no está contemplada como pena estándar, ya que las condenas tienen límites establecidos, lo que implicaría la necesidad de reformas constitucionales para concretar la propuesta.

Con este planteamiento, el PAN busca posicionarse en el debate nacional sobre la seguridad y la llamada “narcopolítica”, un tema que ha ganado relevancia en los últimos años ante diversas acusaciones sobre vínculos entre crimen organizado y actores políticos.