La diputada local priista Paola Gárate Valenzuela denunció públicamente que no cuenta con seguridad las 24 horas, a pesar del contexto de violencia que enfrenta la entidad, lo que generó una respuesta inmediata del gobierno estatal.
La legisladora expresó su preocupación por la falta de protección continua, señalando que su integridad podría estar en riesgo, especialmente ante el clima de inseguridad que prevalece en distintas regiones de Sinaloa.
Ante estas declaraciones, el gobierno estatal, aseguró que la diputada sí cuenta con medidas de protección, aunque no necesariamente permanentes durante todo el día.
De acuerdo con autoridades estatales, el esquema de seguridad asignado responde a evaluaciones de riesgo y disponibilidad operativa, por lo que no siempre implica custodia fija las 24 horas, sino acompañamiento en situaciones específicas.
El contraste entre la denuncia de la legisladora y la postura oficial evidenció diferencias sobre el alcance real de la protección brindada a figuras públicas en Sinaloa, un estado que ha enfrentado episodios recientes de violencia.
Analistas señalan que este tipo de situaciones refleja los desafíos en materia de seguridad para funcionarios y representantes populares, quienes en algunos casos demandan esquemas más robustos ante posibles amenazas.
Hasta el momento, no se han dado a conocer detalles específicos sobre posibles riesgos directos contra la diputada, ni si se modificará su esquema de protección tras la controversia.
El tema reabre el debate sobre la seguridad de actores políticos en entidades con altos índices delictivos, así como la necesidad de garantizar condiciones adecuadas para el ejercicio de sus funciones.
