El gobernador de Nuevo León, Samuel García, deberá comparecer ante el Congreso local tras la apertura de un proceso de juicio político en su contra por presuntas irregularidades en el manejo de recursos públicos.
La Comisión Anticorrupción del Congreso estatal aprobó dar trámite al procedimiento impulsado por integrantes de Morena, quienes acusan al mandatario de incurrir en posibles actos de peculado y desvío de recursos.
De acuerdo con la denuncia, existirían indicios de una presunta triangulación de recursos públicos que habrían sido canalizados a través de empresas y despachos vinculados a su entorno familiar.
El proceso legislativo establece que el mandatario deberá acudir a comparecer o bien presentar su defensa por escrito o mediante representación legal, como parte de su derecho a responder a las acusaciones.
Este procedimiento forma parte de un nuevo juicio político, el cual se suma a otros procesos previos relacionados con presuntas faltas en materia electoral y uso indebido de recursos públicos.
Además, se ha señalado que el monto involucrado en las acusaciones podría superar los mil millones de pesos, lo que ha intensificado la presión política sobre el Ejecutivo estatal.
Especialistas indican que, aunque el juicio político no implica una destitución inmediata, sí representa un escenario de alto impacto político, ya que podría derivar en sanciones o en la intervención de otras instancias judiciales.
El caso ocurre en medio de una constante confrontación entre el gobierno estatal y el Congreso local, dominado por fuerzas opositoras, lo que ha marcado la dinámica política en la entidad en los últimos años.
