El Gobierno federal reforzó la presencia del Ejército en Sinaloa con el despliegue de 300 elementos adicionales, en un momento marcado por la crisis de seguridad que atraviesa el estado y el reciente cambio en el gobierno estatal.

El contingente fue trasladado desde la Base Aérea Militar de Santa Lucía, Estado de México, hacia Mazatlán, a bordo de dos aeronaves de la Fuerza Aérea Mexicana. De acuerdo con la información difundida por la Secretaría de la Defensa Nacional, los elementos se incorporarán a las operaciones que ya mantiene la Novena Zona Militar en territorio sinaloense.

Los 300 militares tendrán entre sus tareas realizar patrullajes, reconocimientos terrestres y acciones disuasivas en zonas consideradas prioritarias por las autoridades de seguridad. El despliegue forma parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública y busca reforzar las operaciones contra organizaciones delictivas y generadores de violencia.

El refuerzo militar se concretó el mismo día en que Graciela Domínguez Nava asumió como gobernadora interina de Sinaloa, después de que el Congreso estatal aprobó una nueva licencia para Rubén Rocha Moya, quien había intentado reincorporarse al cargo días antes.

La llegada de los militares ocurre mientras Sinaloa atraviesa un nuevo episodio de tensión política.

Domínguez Nava fue designada por el Congreso local como gobernadora interina después de la segunda salida de Rocha Moya. La nueva mandataria asumió el cargo con el reto de recuperar la estabilidad política y atender una crisis de seguridad que se ha prolongado durante meses.

En su primer mensaje al frente del Ejecutivo estatal, Domínguez reconoció la gravedad de la situación de violencia y planteó como una de sus prioridades avanzar hacia condiciones de mayor seguridad y gobernabilidad.

Su llegada también ocurre en un contexto de cuestionamientos de sectores empresariales y sociales sobre la capacidad del nuevo gobierno para modificar la situación de inseguridad que enfrenta la entidad.

Los 300 elementos partieron aproximadamente a las 10:30 de la mañana desde Santa Lucía y arribaron al Aeropuerto Internacional de Mazatlán.

La misión asignada contempla recorridos de vigilancia y reconocimiento en áreas consideradas prioritarias, además de acciones para inhibir actividades delictivas.

El nuevo contingente se suma al personal militar que ya opera en Sinaloa como parte de las labores de seguridad desplegadas en la entidad. La Secretaría de la Defensa Nacional señaló que las acciones deberán realizarse conforme al marco jurídico vigente y bajo las disposiciones relacionadas con el uso de la fuerza y el respeto a los derechos humanos.

El despliegue ocurre después de una semana de alta tensión política alrededor de Rubén Rocha Moya.

El gobernador había solicitado licencia para separarse temporalmente del cargo en medio de señalamientos formulados por autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos con actividades delictivas. Rocha Moya ha rechazado las acusaciones.

Posteriormente anunció su regreso al gobierno estatal, pero su reincorporación generó críticas dentro de Morena y del propio Gobierno federal. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó ese retorno como una decisión que no consideraba pertinente y señaló que debía mantenerse una administración interina hasta la elección de 2027.

Finalmente, Rocha Moya volvió a solicitar licencia y el Congreso de Sinaloa designó a Graciela Domínguez como gobernadora interina.

En paralelo, la violencia continúa siendo uno de los principales problemas de la entidad. Reportes recientes han señalado un repunte de homicidios durante los últimos días, particularmente en municipios como Culiacán y Mazatlán, en medio de la disputa entre grupos delictivos.

Con la llegada de los 300 militares adicionales, el Gobierno federal busca fortalecer las operaciones de seguridad en Sinaloa mientras la nueva administración estatal intenta asumir el control político de la entidad y enfrentar una crisis que combina violencia, incertidumbre institucional y presión social.