La defensa del exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, reforzó su estrategia jurídica con la presentación de nuevos juicios de amparo para impugnar tanto las medidas cautelares que lo mantienen en prisión preventiva como el auto de vinculación a proceso dictado en su contra.

Los recursos forman parte de una nueva etapa de la defensa legal del exmandatario, quien permanece recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como Altiplano, mientras enfrenta un proceso por su presunta participación en delitos relacionados con delincuencia organizada, contrabando de combustible y violaciones a la legislación en materia de hidrocarburos.

De acuerdo con lo informado por su equipo jurídico, uno de los amparos busca revertir las medidas cautelares impuestas por la autoridad judicial, entre ellas la prisión preventiva oficiosa, mientras que el segundo recurso combate directamente el auto de vinculación a proceso.

La defensa pretende que Ruffo pueda continuar su proceso fuera del penal federal y ha insistido en que, dadas sus condiciones personales y la necesidad de atención médica, una alternativa podría ser que enfrente el procedimiento bajo prisión domiciliaria.

La estrategia también contempla el fortalecimiento del grupo de abogados que lleva el caso. Durante un acto realizado frente a las instalaciones de la Fiscalía General de la República, se informó sobre la incorporación de nuevos integrantes al equipo legal del exgobernador.

Los abogados señalaron que, además de los amparos, participarán en la etapa de investigación complementaria, cuyo plazo establecido por la autoridad judicial es de seis meses. El objetivo será presentar elementos que, desde la perspectiva de la defensa, permitan acreditar que Ruffo no tuvo participación en los hechos que le atribuyen.

La defensa sostiene que la participación de Ruffo como accionista en una empresa relacionada con la importación de hidrocarburos no significa que haya intervenido directamente en las operaciones que son materia de investigación.

El exmandatario fue vinculado a proceso el pasado 19 de julio. En su contra se mantiene una investigación por presuntos delitos de delincuencia organizada y relacionados con el contrabando de combustibles. La Fiscalía General de la República sostiene que el caso deriva de una investigación sobre una presunta estructura dedicada al llamado huachicol fiscal.

Uno de los principales objetivos de los nuevos recursos judiciales es modificar las condiciones bajo las cuales Ruffo enfrenta el proceso penal.

Su defensa ya había recurrido a la vía del amparo para cuestionar la prisión preventiva y solicitar que pudiera continuar el procedimiento bajo una medida distinta. En esta nueva etapa, los abogados buscan nuevamente que los tribunales federales revisen tanto la legalidad de la medida cautelar como los argumentos que sustentaron la vinculación a proceso.

La resolución de estos recursos quedará en manos de los juzgados federales correspondientes, por lo que la presentación de los amparos no implica, por sí misma, que el exgobernador vaya a abandonar de inmediato el penal del Altiplano.

Mientras avanza la estrategia jurídica, familiares de Ruffo y dirigentes de distintos grupos de oposición han intensificado sus llamados para que pueda enfrentar el proceso desde su domicilio.

Verónica Ruffo, hija del exgobernador, ha encabezado parte de estas acciones públicas y ha cuestionado las condiciones en las que permanece su padre. A estas exigencias se han sumado figuras de Acción Nacional, Somos México y el expresidente Vicente Fox, quienes han planteado que el exmandatario debería continuar su proceso bajo prisión domiciliaria.

En paralelo, familiares y simpatizantes anunciaron la conformación de un Comité Plural por la Libertad de Ernesto Ruffo, con presencia en distintas entidades del país y participación de personas vinculadas a diferentes sectores políticos y ciudadanos.

La defensa sostiene que Ruffo debe ser considerado inocente mientras no exista una sentencia definitiva en su contra y busca que los tribunales revisen las decisiones adoptadas durante el proceso.

Por ahora, el exgobernador continúa sujeto a prisión preventiva y al proceso penal, mientras los nuevos amparos avanzan ante la justicia federal.