El gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Anaya, rechazó los señalamientos que lo relacionan con una presunta investigación de autoridades de Estados Unidos por posibles vínculos con organizaciones criminales y aseguró que nunca ha recibido una notificación oficial que le informe sobre alguna indagatoria en su contra.

El mandatario fijó su postura después de que se difundiera un reporte en el que se señala que agencias estadounidenses estarían revisando si las acusaciones contra el exgobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, alcanzan también a Villarreal.

De acuerdo con el reportaje, agencias como la CIA, la DEA y el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos tendrían expedientes relacionados con ambos políticos por presunto lavado de dinero y supuesto financiamiento de campañas electorales con recursos de organizaciones criminales.

Villarreal, sin embargo, negó categóricamente esas versiones y sostuvo que los hechos que se le atribuyen son falsos.

En un mensaje difundido públicamente, el gobernador tamaulipeco aseguró que no ha recibido citatorios, notificaciones ni comunicación oficial de autoridades mexicanas o estadounidenses que le informen sobre una investigación relacionada con algún delito.

El mandatario afirmó que no existe evidencia objetiva o verificable que sustente las acusaciones difundidas en su contra y cuestionó que se pretenda presentar como hechos comprobados versiones que, según su postura, no han sido acreditadas ante ninguna autoridad.

“Los hechos que se me pretenden atribuir en ese reportaje son falsos”, sostuvo Villarreal al fijar su posición sobre la información difundida.

También afirmó que las versiones buscan generar confusión entre la ciudadanía y las calificó como parte de una narrativa de carácter político.

La controversia surgió luego de que un reportaje de N+ señalara que autoridades estadounidenses investigan si los presuntos vínculos atribuidos a Rubén Rocha Moya con organizaciones criminales podrían extenderse hacia el gobernador de Tamaulipas.

Según esa información, las indagatorias estarían relacionadas con posibles operaciones financieras y con el supuesto financiamiento de campañas políticas mediante recursos provenientes de organizaciones criminales.

El reporte también hace referencia a la relación política que Villarreal mantuvo con Rocha Moya durante su etapa como delegado de Morena en Sinaloa en 2021, antes de convertirse en candidato y posteriormente gobernador de Tamaulipas.

Hasta ahora, la información difundida públicamente sobre esa presunta investigación no equivale a una acusación formal ni a una determinación judicial de responsabilidad contra Villarreal.

Uno de los elementos que el gobernador cuestionó está relacionado con declaraciones atribuidas a Jocelyn Hernández, quien habría tenido participación como operadora electoral y dentro de estructuras de Morena en Sinaloa.

En el material difundido se le atribuyen afirmaciones sobre una supuesta entrega de recursos provenientes de un grupo criminal durante el proceso electoral de 2021.

Villarreal sostiene que esas declaraciones fueron manipuladas y que la propia Hernández habría cuestionado anteriormente la forma en que fueron obtenidas o presentadas.

El gobernador considera que retomar esas grabaciones sin incluir las aclaraciones posteriores de la persona involucrada genera una versión incompleta de los hechos.

Pide derecho de réplica

Ante la difusión de los señalamientos, Villarreal informó que solicitó formalmente un derecho de réplica para que su postura pueda ser presentada de manera íntegra.

El mandatario insistió en que cualquier acusación debe estar acompañada de documentos, pruebas verificables y procedimientos formales que permitan establecer responsabilidades.

Su respuesta se produce además en un contexto de creciente presión política sobre funcionarios mexicanos mencionados en investigaciones o señalamientos provenientes de Estados Unidos.

La controversia alrededor de Villarreal ocurre mientras Sinaloa atraviesa una crisis política derivada de los señalamientos contra Rubén Rocha Moya.

El exgobernador sinaloense fue señalado por autoridades estadounidenses por presuntos vínculos con organizaciones criminales, situación que provocó una serie de acontecimientos políticos que terminaron con una nueva licencia indefinida del mandatario.

La situación de Rocha también ha generado investigaciones en México y presión dentro de Morena.

En ese escenario, el posible alcance de las investigaciones estadounidenses hacia otros políticos vinculados con Rocha se ha convertido en un nuevo foco de atención.

Los señalamientos actuales no son los primeros que Villarreal ha tenido que enfrentar en relación con autoridades estadounidenses.

En meses anteriores, el gobernador también rechazó versiones sobre una supuesta investigación en su contra y negó que Estados Unidos hubiera revocado su visa.

Villarreal llegó a mostrar públicamente su documento migratorio para responder a esas versiones y sostuvo que no había recibido una comunicación oficial que le informara de alguna medida en su contra.

En esta nueva controversia, su argumento central vuelve a ser el mismo: no ha sido notificado por autoridades mexicanas o estadounidenses de una investigación relacionada con algún delito.

Hasta el momento, los reportes publicados señalan la existencia de posibles líneas de investigación en Estados Unidos, pero no se ha dado a conocer públicamente una acusación formal contra Américo Villarreal derivada de esos señalamientos.

El gobernador mantiene su negativa y asegura que las versiones carecen de sustento.

Mientras tanto, la información difundida sobre las presuntas indagatorias permanece bajo escrutinio, particularmente por la importancia política de los personajes involucrados y por las investigaciones estadounidenses relacionadas con funcionarios de Sinaloa.

El caso podría generar nuevas reacciones conforme se conozcan documentos oficiales o avances de las autoridades de ambos países.

Por ahora, la posición pública de Villarreal es contundente: niega cualquier vínculo con organizaciones criminales, rechaza estar bajo una investigación que le haya sido notificada oficialmente y exige que los señalamientos sean respaldados con pruebas.