El Gobierno del presidente Donald Trump presentó una demanda federal contra autoridades electorales de California para impedir que se contabilicen boletas por correo de más de 20 mil personas que las autoridades federales consideran posibles no ciudadanas, a pocas semanas de las elecciones legislativas del 3 de noviembre.

La acción fue presentada el jueves 15 de octubre por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, que solicita a un juez ordenar que las boletas señaladas se mantengan separadas y no sean contabilizadas hasta que se verifique la ciudadanía de las personas incluidas en una lista elaborada por agencias federales.

De acuerdo con la demanda, el Gobierno federal identificó a más de 20 mil personas que presuntamente no tendrían ciudadanía estadounidense, pero que aparecen en el registro electoral de California y habrían recibido o estarían por recibir una boleta para votar por correo. La legislación estatal establece el envío de boletas a los electores registrados.

El Departamento de Justicia sostiene que las autoridades de California no atendieron una solicitud para revisar la lista y colaborar en la verificación de los casos. El documento fue entregado en una memoria USB protegida con contraseña al registrador electoral del condado de Los Ángeles, Dean Logan, junto con un plazo de 48 horas para responder.

Logan se negó a abrir el dispositivo, argumentando que hacerlo contravenía los protocolos de seguridad informática y protección de datos de su oficina. También sostuvo que no es posible retener boletas ni excluir votos únicamente con base en señalamientos no verificados.

La secretaria de Estado de California, Shirley Weber, cuestionó la metodología utilizada por el Gobierno federal y afirmó que no se han presentado pruebas suficientes para demostrar que las personas incluidas en la lista carecen de ciudadanía. Advirtió que la petición podría poner en riesgo el derecho al voto de ciudadanos estadounidenses identificados de manera incorrecta.

Las autoridades estatales también señalaron que la solicitud llega cuando el proceso electoral ya está en marcha y que las leyes federales limitan determinados cambios en los registros electorales durante los 90 días previos a una elección federal. El Gobierno de California considera que la intervención solicitada debe evaluarse conforme a las normas electorales y a las garantías de los votantes.

La demanda no demuestra por sí misma que las más de 20 mil personas hayan votado ilegalmente. La acusación federal se basa en un análisis de registros electorales y datos migratorios que, según el Departamento de Justicia, permitió identificar a personas probablemente no ciudadanas. Sin embargo, las autoridades californianas cuestionan que la información disponible sea suficiente para restringir el conteo de sus boletas.

La disputa también se produce después de que funcionarios federales manejaran una estimación previa mucho mayor, de alrededor de 190 mil posibles personas no ciudadanas registradas en California. Las autoridades estatales han pedido explicaciones sobre la diferencia entre ambas cifras y sobre los procedimientos utilizados para identificar a los electores señalados.

El caso se suma a la confrontación entre el Gobierno de Trump y varios estados por el acceso a sus bases de datos electorales y los mecanismos para verificar la ciudadanía de los votantes. La administración federal sostiene que busca impedir que personas no elegibles participen en elecciones federales, mientras que autoridades estatales y especialistas electorales advierten sobre los riesgos de excluir a ciudadanos por errores en la comparación de registros.

En Estados Unidos, las personas que no tienen ciudadanía no pueden votar en elecciones federales. La controversia de California se centra en si la lista federal identifica correctamente a quienes carecen de ese requisito y si es legal suspender el conteo de sus boletas antes de que su situación haya sido verificada.

La resolución judicial será clave para determinar si California deberá separar temporalmente las boletas señaladas y qué procedimiento deberá seguirse para confirmar la elegibilidad de esos electores. Mientras tanto, la demanda mantiene abierta una disputa legal sobre la supervisión federal de las elecciones y la protección del derecho al voto.