GUADALAJARA, Jalisco.— Diecisiete policías estatales fueron identificados por presuntamente actuar fuera de los protocolos y hacer uso desproporcionado de la fuerza durante la marcha por el acceso a agua limpia realizada el 11 de octubre frente a Casa Jalisco, en Guadalajara.
El secretario de Seguridad de Jalisco, Juan Pablo Hernández González, informó que los elementos fueron identificados tras la revisión de más de 200 videos de distintos ángulos. Los agentes fueron citados a comparecer ante el área de Asuntos Internos, que integra los expedientes para determinar el grado de responsabilidad de cada uno.
El funcionario reconoció que algunos policías actuaron de manera impulsiva y se apartaron de las indicaciones que habían recibido. Señaló que las posibles sanciones van desde una amonestación hasta la separación definitiva del cargo, dependiendo de los resultados de la investigación.
Además, se reportó que dos policías fueron separados de sus funciones y quedaron a disposición de Asuntos Internos por presuntos excesos y abusos de autoridad durante la movilización. La investigación también contempla la posible responsabilidad de mandos de la corporación.
La marcha ocurrió el domingo 11 de octubre, cuando habitantes de la zona metropolitana de Guadalajara se movilizaron para exigir agua limpia y respuestas ante los problemas de calidad del suministro. La protesta llegó hasta las inmediaciones de Casa Jalisco, residencia oficial del gobernador Pablo Lemus Navarro, donde se registraron enfrentamientos y detenciones.
Tras los hechos, manifestantes y organizaciones denunciaron golpes, uso excesivo de la fuerza y presuntas violaciones a derechos humanos durante las detenciones y el traslado de algunas personas a instalaciones de la Fiscalía estatal.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) informó que atrajo la investigación sobre las posibles violaciones ocurridas durante y después de la protesta. El organismo busca recabar testimonios y documentación, además de dar seguimiento a las denuncias de agresiones y posibles tratos crueles o degradantes.
La presidenta Claudia Sheinbaum también pidió que se esclareciera quién ordenó el operativo y que se investigara la actuación de los agentes. Por su parte, el Gobierno de Jalisco reconoció que se cometieron errores durante la intervención policial y afirmó que las faltas comprobadas no quedarán sin respuesta.
La Secretaría de Seguridad estatal convocó a representantes de la sociedad civil, colectivos, legisladores y especialistas en derechos humanos y seguridad para revisar los protocolos de actuación durante manifestaciones públicas. También solicitó a la ciudadanía aportar videos que permitan ampliar la investigación.
La identificación de los agentes no constituye por sí misma una resolución definitiva de culpabilidad. Las responsabilidades individuales y las sanciones correspondientes dependerán del análisis de las pruebas y del desarrollo de los procedimientos administrativos y de derechos humanos.
