El exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, fue trasladado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como El Altiplano, junto con otros siete detenidos relacionados con una investigación federal por presunto tráfico de combustible.
El operativo de traslado ocurrió después de que los ocho implicados permanecieran en instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) en la Ciudad de México, donde se desarrollaron las primeras diligencias judiciales del caso.
Las imágenes difundidas por medios nacionales muestran un despliegue de seguridad federal durante el movimiento de los detenidos. En algunas fotografías aparecen elementos encargados de la custodia y traslado, así como otros de los implicados en la misma investigación; sin embargo, las autoridades no han informado públicamente la identidad de todas las personas que aparecen en el material gráfico.
De acuerdo con la información difundida por autoridades, Ruffo Appel y los otros siete detenidos son investigados por su presunta participación en una red relacionada con el ingreso y comercialización irregular de combustible, un caso que la Fiscalía General de la República vincula con delitos como delincuencia organizada y operaciones relacionadas con hidrocarburos.
La investigación también contempla a otras personas y empresas que estarían relacionadas con el esquema bajo indagatoria. Según reportes, existen más órdenes de aprehensión dentro del expediente y continúan las investigaciones para determinar responsabilidades.
El ingreso al penal del Altiplano ocurre mientras continúa el proceso judicial, en el que la autoridad deberá presentar los elementos de prueba y los acusados tendrán derecho a una defensa y a demostrar su situación jurídica conforme avance el procedimiento.
Ruffo Appel, quien fue el primer gobernador de oposición en México tras ganar la gubernatura de Baja California en 1989, ha rechazado señalamientos en su contra y sus simpatizantes han cuestionado la investigación, mientras autoridades federales sostienen que el caso corresponde a una indagatoria judicial.
