El Senado de la República dio un paso hacia la regulación del uso de teléfonos celulares y otros dispositivos electrónicos personales en las escuelas del país, luego de que las Comisiones Unidas de Educación y de Estudios Legislativos Primera aprobaran por unanimidad una reforma a la Ley General de Educación.

El dictamen recibió 27 votos a favor y plantea establecer reglas diferenciadas según el nivel educativo: restringir el uso de dispositivos durante toda la jornada escolar en educación básica, permitir que las comunidades educativas definan limitaciones en el bachillerato y fomentar el uso responsable de la tecnología en las universidades.

La propuesta todavía deberá discutirse en el Pleno del Senado, por lo que no constituye una aprobación definitiva de la reforma legislativa. Si recibe el aval de los senadores, continuará su proceso ante la Cámara de Diputados.

La iniciativa busca reducir las distracciones en las aulas y atender preocupaciones relacionadas con la concentración, el rendimiento académico y la convivencia escolar. El dictamen reúne 13 propuestas de modificación presentadas por legisladores de distintos partidos políticos.

En educación inicial, preescolar, primaria y secundaria, la reforma establece que niñas, niños y adolescentes no podrán utilizar teléfonos celulares, dispositivos inteligentes y electrónicos personales durante la jornada escolar, salvo cuando su uso tenga una finalidad pedagógica previamente programada y bajo la orientación de docentes, o cuando se presente una emergencia.

El planteamiento contempla que las autoridades educativas establezcan mecanismos para regular el uso de estos aparatos y determinar cómo deberán resguardarse durante el horario escolar. Las escuelas podrán definir procedimientos para mantener los dispositivos guardados o depositarlos en espacios designados, de acuerdo con las disposiciones que se establezcan.

En el nivel medio superior, la regulación será distinta. Las comunidades escolares deberán construir acuerdos sobre los momentos, espacios y condiciones en los que se permitirá utilizar los dispositivos, tomando en cuenta las características y necesidades de cada institución.

Para la educación superior, el dictamen propone fomentar el uso responsable y seguro de teléfonos celulares y otros aparatos digitales durante la jornada escolar, mediante acuerdos de cada comunidad educativa y con respeto a la autonomía de las instituciones universitarias.

Durante la discusión, legisladores de distintas fuerzas políticas respaldaron la necesidad de establecer reglas para evitar que el uso indiscriminado de dispositivos interfiera con las actividades académicas. También señalaron que la tecnología puede tener una función educativa cuando se incorpora de manera planeada y con objetivos de aprendizaje definidos.

El presidente de la Comisión de Educación, Aníbal Ostoa Ortega, explicó que la reforma busca armonizar la legislación con las medidas educativas que ya se han anunciado para regular los teléfonos celulares en las escuelas. La intención es que las disposiciones tengan sustento legal y se apliquen con criterios claros.

Como parte de los argumentos a favor, se presentaron resultados de una consulta nacional realizada en agosto entre más de 565 mil figuras educativas. Según los datos expuestos durante la discusión, ocho de cada diez participantes observaron dificultades de atención entre los estudiantes y 81 por ciento respaldó la adopción de medidas nacionales para regular el uso de estos dispositivos.

El senador del Partido del Trabajo, Alberto Anaya, advirtió sobre los posibles efectos del uso indiscriminado de celulares y herramientas digitales en el desarrollo cognitivo de niñas, niños y adolescentes. Por su parte, la senadora panista Guadalupe Murguía respaldó el dictamen y señaló que la presencia constante de teléfonos puede dificultar que los docentes mantengan la atención del alumnado.

Aunque hubo consenso para avanzar con la propuesta, algunos legisladores anticiparon que presentarán modificaciones durante la discusión en el Pleno. Entre ellos se encuentran representantes del PRI y Movimiento Ciudadano, quienes respaldaron el dictamen en comisiones, pero anunciaron que buscarán ajustar algunos de sus puntos.

La reforma se suma a las medidas que la Secretaría de Educación Pública ha anunciado para restringir el uso de celulares durante la jornada escolar en educación básica a partir del 3 de noviembre. Esa regulación administrativa contempla excepciones para actividades pedagógicas, emergencias y necesidades específicas relacionadas con salud, discapacidad, accesibilidad e inclusión.

La discusión legislativa busca establecer un marco general para el uso de dispositivos personales en los distintos niveles educativos, sin eliminar su utilización como herramientas de aprendizaje cuando exista una finalidad pedagógica. El alcance definitivo dependerá de los cambios que puedan incorporarse durante el proceso legislativo y de las disposiciones que emitan las autoridades educativas.

Por ahora, la reforma avanzó en comisiones con respaldo unánime, pero aún debe superar la votación del Pleno y continuar el procedimiento legislativo correspondiente antes de convertirse en una modificación definitiva de la Ley General de Educación.