El Senado de la República aprobó el 14 de octubre la Ley General para el Fortalecimiento y Armonización Catastral y Registral, una reforma que busca modernizar y homologar los catastros y los registros públicos de la propiedad en México. La votación se desarrolló entre cuestionamientos de legisladores de oposición, quienes advirtieron sobre posibles efectos en el cobro del impuesto predial y en las atribuciones de estados y municipios.

En la votación en lo general, el dictamen recibió 89 votos a favor y 32 en contra. La legislación plantea establecer mecanismos comunes para identificar los inmuebles, actualizar la información sobre sus propietarios y facilitar el intercambio de datos entre los registros públicos y los catastros de las distintas entidades.

Entre las herramientas contempladas se encuentran una clave única catastral, una cédula única catastral y registral, así como plataformas digitales para hacer más compatibles los procedimientos. El objetivo declarado es reducir inconsistencias en los registros, prevenir conflictos relacionados con la propiedad y simplificar trámites que actualmente pueden variar de una entidad a otra.

Durante la presentación del dictamen, la senadora Margarita Valdez defendió la iniciativa al señalar que permitirá contar con información más confiable sobre los inmuebles y fortalecer la seguridad jurídica del patrimonio. También sostuvo que la coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) y la modernización tecnológica facilitarán la consulta y actualización de los datos.

Sin embargo, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano expresaron reservas sobre el alcance de las nuevas facultades federales. Entre sus preocupaciones señalaron que la homologación podría concentrar información inmobiliaria y ampliar la intervención de la Federación en decisiones que tradicionalmente corresponden a autoridades estatales y municipales.

El senador panista Mario Vázquez Robles cuestionó que, según su postura, la propuesta no fue consultada suficientemente con los estados y municipios y no contempla recursos claros para su implementación. También presentó una moción suspensiva para frenar el avance del dictamen.

La senadora panista Guadalupe Murguía advirtió sobre los alcances de las facultades que se otorgarían para emitir lineamientos y herramientas tecnológicas. Planteó dudas sobre el manejo de los datos, la protección de la información personal y la posibilidad de que la actualización de valores catastrales termine repercutiendo en el monto que pagan los contribuyentes por el predial y otros impuestos inmobiliarios.

Desde Morena, legisladores rechazaron que la nueva ley implique un aumento automático del predial o que elimine la facultad municipal para recaudarlo. La senadora Valdez y otros defensores del dictamen sostuvieron que la finalidad es ordenar la información y mejorar la coordinación entre los distintos niveles de gobierno, no sustituir a los ayuntamientos en el cobro de ese impuesto.

La controversia se centra, por tanto, en cómo se aplicarán los nuevos mecanismos de coordinación y hasta dónde llegarán las facultades de las autoridades federales. Mientras el oficialismo presenta la reforma como una herramienta de modernización y certeza jurídica, la oposición pide mayores garantías para preservar el federalismo, evitar una concentración excesiva de información y descartar impactos fiscales para los propietarios.

La aprobación en el Senado representa un avance legislativo para la iniciativa, que ya había sido avalada por la Cámara de Diputados. La aplicación de sus disposiciones dependerá de los términos definitivos del decreto y de los mecanismos que se establezcan para coordinar a las autoridades responsables de los registros y catastros en el país.