Diputadas y diputados federales del Partido Acción Nacional (PAN) exigieron al gobierno de Claudia Sheinbaum emprender acciones contra funcionarios que pudieran estar vinculados con organizaciones criminales, luego de las declaraciones del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre la lucha contra el narcotráfico en México.

El pronunciamiento ocurrió después de que Trump reconociera avances del gobierno mexicano en materia de decomisos de drogas y desmantelamiento de laboratorios clandestinos, pero señalara que México debe hacer más para combatir a los grupos criminales y perseguir a funcionarios públicos corruptos que, de acuerdo con su declaración, hayan colaborado con los cárteles.

El vocero de la bancada panista en la Cámara de Diputados, Federico Döring, sostuvo que la presidenta Claudia Sheinbaum debe priorizar la relación comercial con Estados Unidos, el T-MEC, los empleos, las exportaciones y las manufacturas mexicanas, al tiempo que pidió acciones judiciales contra quienes tengan vínculos comprobados con el crimen organizado.

Döring señaló que el gobierno mexicano debe actuar contra los llamados por el PAN “narcopolíticos” y planteó que la cooperación en materia de seguridad también debe incluir una mayor coordinación bilateral para combatir el tráfico de armas hacia México.

La diputada federal panista Paulina Rubio mencionó públicamente a diversos funcionarios y políticos, entre ellos Rubén Rocha Moya, Marina del Pilar Ávila Olmeda, Adán Augusto López Hernández, Andy López Beltrán y Mario Delgado, al sostener que deben investigarse posibles vínculos con el crimen organizado o con operaciones relacionadas con el llamado huachicol fiscal.

Estas menciones corresponden a señalamientos realizados por legisladores del PAN y no implican, por sí mismas, que exista una determinación judicial que acredite responsabilidad penal de las personas mencionadas.

El PAN sostuvo que las autoridades deben presentar pruebas y, en caso de existir elementos suficientes, proceder conforme a la legislación mexicana.

En el documento enviado al Congreso estadounidense como parte de la evaluación anual de los principales países productores o de tránsito de drogas ilícitas, Trump reconoció acciones realizadas por México, entre ellas decomisos de droga, desmantelamiento de laboratorios y el despliegue de fuerzas de seguridad en la frontera norte.

Al mismo tiempo, afirmó que México necesita adoptar medidas adicionales contra organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país y pidió identificar, detener y procesar a funcionarios públicos corruptos que hayan colaborado con los cárteles.

México permanece dentro de la lista estadounidense de países considerados relevantes en materia de producción o tránsito de drogas ilícitas. La inclusión en esa relación, sin embargo, no constituye por sí misma una sanción contra el gobierno mexicano.

Las declaraciones de Trump también generaron una respuesta de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien ha sostenido que México mantiene cooperación con Estados Unidos en materia de seguridad, pero que los asuntos relacionados con la justicia deben atenderse dentro del marco de las instituciones mexicanas.

El intercambio ocurre en un momento en que ambos gobiernos mantienen negociaciones y coordinación en temas de seguridad, comercio y combate al tráfico de drogas y armas.

Por su parte, el PAN pidió al gobierno federal aprovechar la coyuntura para avanzar en investigaciones contra funcionarios cuando existan elementos que permitan acreditar posibles delitos.

Hasta ahora, los señalamientos realizados por los legisladores panistas deberán ser revisados por las autoridades competentes para determinar si existen elementos que sustenten responsabilidades administrativas o penales.