El exgobernador de Veracruz, Javier Duarte de Ochoa, promovió un nuevo juicio de amparo desde el Reclusorio Norte con el objetivo de conocer si existe alguna otra orden de aprehensión en su contra que pudiera ser ejecutada.
La solicitud fue presentada mientras Duarte permanece privado de la libertad y enfrenta un nuevo proceso penal por el presunto delito de peculado relacionado con el supuesto desvío de cinco millones de pesos de un fondo destinado a personas vulnerables durante 2012.
De acuerdo con los registros judiciales citados en el caso, el exmandatario busca obtener protección contra cualquier mandamiento de captura que pudiera haber sido emitido en su contra, así como evitar su eventual ejecución.
Sin embargo, el trámite todavía no representa la confirmación de que exista una nueva orden de aprehensión. El propósito del recurso es precisamente conocer si existe algún mandamiento judicial de ese tipo y, en su caso, obtener protección frente a su ejecución.
El asunto llegó inicialmente al Juzgado Octavo de Distrito en Materia Penal en la Ciudad de México, a cargo del juez Rubén Darío Noguera.
El juzgador determinó que no era competente para conocer del juicio de amparo y ordenó devolver el expediente al Juzgado Decimotercero de Distrito en Materia Penal de la Ciudad de México, para que ese órgano determine lo que corresponda conforme a derecho.
Por ahora, el procedimiento continúa en los tribunales y no existe una resolución definitiva sobre la petición presentada por el exgobernador.
Javier Duarte permanece recluido en el Reclusorio Norte, donde cumple una sentencia de nueve años de prisión derivada de delitos de lavado de dinero y asociación delictuosa.
En noviembre de 2025, una jueza de ejecución penal rechazó su solicitud de libertad anticipada, al considerar que no cumplía con los requisitos establecidos en la legislación correspondiente.
A esta situación se sumó un nuevo proceso penal. En febrero de 2026, Duarte fue vinculado a proceso por el presunto delito de peculado, relacionado con un supuesto desvío de cinco millones de pesos de un fondo destinado a personas vulnerables.
En ese procedimiento se le impuso prisión preventiva justificada, por lo que continúa privado de la libertad mientras avanza el proceso.
La acusación por peculado corresponde a un proceso distinto de la sentencia que ya cumple y, hasta ahora, se trata de una imputación que deberá resolverse mediante el procedimiento judicial corre
