El secretario de Educación Pública, Mario Delgado, rechazó categóricamente que el gobierno federal haya ofrecido un soborno a la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) para levantar el paro magisterial, y aseguró que los recursos planteados forman parte de una estrategia para atender el rezago educativo en Oaxaca.

Las declaraciones surgen en medio de la tensión entre el gobierno federal y el magisterio disidente, luego de que trascendiera que se destinarían recursos económicos a la entidad como parte de las negociaciones para poner fin a las movilizaciones.

Delgado aclaró que dichos apoyos no están condicionados al levantamiento del paro, sino que corresponden a programas previamente considerados para mejorar la infraestructura, condiciones educativas y atención a comunidades con mayores carencias.

El funcionario insistió en que la administración federal mantiene disposición al diálogo con la CNTE, pero rechazó que exista algún tipo de intercambio indebido. En ese sentido, subrayó que el objetivo principal es garantizar el derecho a la educación de miles de estudiantes afectados por las suspensiones de clases.

El conflicto con la CNTE se ha intensificado en las últimas semanas, con movilizaciones, bloqueos y un plantón en la Ciudad de México que se extendió por varios días, generando presión política y social.

De acuerdo con reportes recientes, la Sección 22 de Oaxaca ha sido uno de los principales actores en las negociaciones, en las que se han planteado apoyos económicos y medidas para atender demandas históricas del magisterio.

Sin embargo, estas propuestas han sido interpretadas por algunos sectores como posibles incentivos para desactivar la protesta, lo que derivó en cuestionamientos sobre su naturaleza.

El titular de la SEP reiteró que el gobierno busca soluciones estructurales y no acuerdos coyunturales, al tiempo que hizo un llamado a los docentes a regresar a las aulas y concluir el ciclo escolar, afectado por semanas de paro.

La polémica refleja la complejidad del conflicto entre autoridades y magisterio, donde se entrecruzan demandas laborales, rezagos históricos en educación y el impacto de las movilizaciones en millones de estudiantes.

Mientras tanto, el diálogo continúa en medio de posturas encontradas y un entorno político marcado por la presión social, en el que cualquier acuerdo es observado bajo lupa por sus posibles implicaciones.