En México, al menos quince congresos estatales no habrían cumplido correctamente con el proceso legislativo necesario para la validación de una reforma electoral reciente, lo que abre la puerta a una posible serie de impugnaciones que podrían escalar en el ámbito jurídico-electoral, advierten especialistas en derecho constitucional.

De acuerdo con el análisis jurídico difundido por expertos y retomado por diversas fuentes nacionales, los incumplimientos se centran en irregularidades en los tiempos de aprobación, falta de publicación formal de dictámenes y posibles inconsistencias en la documentación enviada al Congreso de la Unión para su declaratoria de constitucionalidad.

La reforma electoral en cuestión requería la aprobación de al menos 17 congresos estatales para poder consolidarse como modificación constitucional, sin embargo, el proceso no ha estado exento de cuestionamientos, particularmente por la rapidez con la que algunas legislaturas locales avalaron el dictamen y por la ausencia de discusión pública en varios casos.

Especialistas consultados han advertido que estas fallas podrían derivar en una “avalancha de impugnaciones” ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), debido a que los procedimientos legislativos locales son clave para garantizar la validez constitucional de las reformas federales.

En antecedentes recientes, reformas similares han enfrentado cuestionamientos en tribunales por presuntas violaciones al debido proceso legislativo, así como por la premura con la que fueron aprobadas en distintas entidades federativas, lo que ha generado precedentes de litigios prolongados en materia electoral.

Aunque la reforma ya cuenta con respaldo mayoritario en los congresos locales necesarios para su avance formal, el debate jurídico ahora se traslada a su validez procedimental, un punto que podría retrasar su entrada en vigor definitiva si los tribunales determinan irregularidades sustanciales.

Hasta el momento, no se ha emitido una postura oficial del Instituto Nacional Electoral (INE) ni del Congreso de la Unión sobre estas posibles impugnaciones.