La gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, negó haber sostenido una reunión en Panamá con presuntos agentes del gobierno de Estados Unidos y aseguró que los audios filtrados recientemente han sido manipulados y sacados de contexto.

La polémica surgió tras la difusión de nuevas grabaciones en las que supuestamente se escucha a la mandataria dialogar con intermediarios que se identifican como representantes de agencias estadounidenses, incluyendo el FBI. En dichos audios, se menciona la posibilidad de concretar un encuentro en Panamá, considerado como “territorio neutral”, con el fin de evitar filtraciones o complicaciones legales.

Sin embargo, Ávila Olmeda rechazó categóricamente haber participado en una reunión de este tipo y sostuvo que el material difundido forma parte de una estrategia para desacreditarla políticamente. De acuerdo con su postura, los fragmentos han sido editados, lo que distorsiona el sentido original de las conversaciones.

Los audios forman parte de una serie de filtraciones que han generado controversia en los últimos días. En ellos, también se plantea la posibilidad de encuentros en otras ciudades como Tijuana o incluso en territorio estadounidense, lo que ha alimentado las especulaciones sobre una supuesta colaboración con autoridades extranjeras.

En este contexto, la gobernadora ha reiterado que cualquier contacto sostenido con supuestos intermediarios ocurrió bajo la creencia de que se trataba de una cooperación institucional legítima en materia de seguridad. No obstante, posteriormente aseguró haber detectado inconsistencias, por lo que considera haber sido víctima de una posible trampa política.

El caso ha intensificado el enfrentamiento político con el exgobernador Jaime Bonilla, a quien Ávila señala como responsable de orquestar la filtración de los audios. Por su parte, Bonilla ha rechazado dichas acusaciones, profundizando la crisis política en la entidad.

Hasta el momento, no existe confirmación oficial de autoridades estadounidenses sobre la supuesta reunión en Panamá, mientras que el gobierno federal ha señalado que no hay evidencia de conductas ilegales derivadas de los audios difundidos.

La controversia continúa escalando y mantiene a la gobernadora en el centro del debate público, en medio de cuestionamientos sobre la autenticidad de las grabaciones y el trasfondo político del caso.