El gobernador de Jalisco, Pablo Lemus Navarro, rechazó que su administración pretenda privatizar el agua o entregar su manejo a una empresa israelí, en medio de la polémica por el modelo de financiamiento propuesto para construir el nuevo acueducto Chapala-Guadalajara.

La controversia surgió luego de que el gobierno estatal presentara ante el Congreso local una iniciativa para desarrollar esta infraestructura mediante un esquema que contempla la participación de inversión privada. El proyecto busca sustituir el acueducto actual que transporta agua desde el lago de Chapala hacia Guadalajara, pero el mecanismo propuesto generó cuestionamientos por el papel que tendría el inversionista en la construcción, operación y mantenimiento de la obra.

Las críticas se centran en que, bajo el esquema planteado, una empresa privada podría participar durante un periodo prolongado y recuperar su inversión mediante pagos establecidos en un contrato. La iniciativa contempla alternativas de hasta 20 o 25 años, lo que abrió el debate sobre los costos a largo plazo para el estado y las condiciones bajo las cuales se administraría la infraestructura.

Aunque el gobierno estatal sostiene que el proyecto no implica privatizar el servicio de agua, sus detractores advierten que la intervención privada en una obra estratégica podría representar riesgos para el control público del sistema. También se difundieron versiones sobre una posible entrega del recurso a una empresa israelí, señalamiento que Lemus rechazó.

“El agua seguirá siendo pública”, afirmó el gobernador, quien aseguró que no existe intención de ceder el recurso ni su servicio a una compañía privada. Además, informó que su administración está cerca de alcanzar un acuerdo con el Gobierno federal para impulsar el acueducto y otras obras hidráulicas mediante un esquema de colaboración entre ambas administraciones.

La presidenta Claudia Sheinbaum también se ha pronunciado contra los modelos de financiamiento que puedan derivar en una operación privada del servicio de agua y ha planteado que los gobiernos federal y estatal busquen una solución conjunta para atender los problemas de calidad y abastecimiento en la zona metropolitana de Guadalajara.

El proyecto del acueducto se presenta en un contexto de inconformidad ciudadana por la calidad del agua y las dificultades en el suministro. Por ello, el debate no se limita a la construcción de la obra, sino que incluye cómo se financiará, quién tendrá responsabilidades sobre su operación y qué garantías se establecerán para mantener el servicio bajo control público.

Lemus adelantó que las negociaciones con la Federación están avanzadas, aunque todavía falta que se conozcan los términos definitivos del acuerdo. La discusión sobre el acueducto continuará conforme se analice la propuesta y se definan las condiciones de financiamiento y operación.