La muerte de una mujer de 35 años durante una liposucción en un establecimiento de la colonia Del Valle, en la Ciudad de México, derivó en una investigación penal que hasta el momento ha llevado a la detención de dos mujeres señaladas por su probable participación en los hechos.
La víctima, identificada como Dulce María García, se sometió al procedimiento el 11 de septiembre en un inmueble de la alcaldía Benito Juárez que ofrecía servicios estéticos. Las autoridades investigan las condiciones en que se realizó la intervención y la actuación de las personas que se encontraban en el lugar.
Una de las detenidas, Mariana “N”, fue localizada en la alcaldía Iztapalapa el 6 de octubre. La mujer fue vinculada a proceso por el delito de homicidio doloso y un juez determinó que permaneciera en prisión preventiva mientras avanzan las diligencias. Para la investigación complementaria se fijó un plazo de tres meses.
La segunda detenida, Sonia “N”, fue aprehendida el 13 de octubre en Benito Juárez. Su caso también quedó sujeto a la determinación de un juez, quien le impuso prisión preventiva y programó una audiencia para el 19 de octubre.
Las indagatorias apuntan a que el establecimiento se promocionaba en redes sociales bajo el nombre de Pink Glow Clinic. Según la información recabada, Mariana habría intervenido en el procedimiento como anestesióloga, mientras que Sonia presuntamente tenía a su cargo la oferta y el cobro de los servicios. Estas imputaciones deberán esclarecerse durante el proceso judicial.
La pareja de Dulce María la acompañó al lugar y permaneció fuera del área donde se efectuaba la cirugía. De acuerdo con los testimonios integrados a la investigación, después de que surgieron complicaciones observó movimientos apresurados en el inmueble y posteriormente recibió información sobre el traslado de la paciente a un hospital. La mujer falleció en el establecimiento.
El dictamen forense estableció como causa de muerte un edema agudo cerebral y pulmonar. La Fiscalía continúa reuniendo elementos para determinar cómo se desarrollaron los hechos y establecer si existieron omisiones o actuaciones que contribuyeran al desenlace.
Durante las diligencias, agentes de investigación catearon el inmueble y aseguraron diversos indicios, entre ellos dispositivos de almacenamiento, cámaras y documentos. Estos materiales forman parte de las pruebas que las autoridades revisan para reconstruir lo ocurrido y determinar la intervención de cada persona.
Además de la investigación penal, el establecimiento fue objeto de revisiones sanitarias en las que se reportaron numerosas irregularidades. La Agencia de Protección Sanitaria de la Ciudad de México identificó 17 incumplimientos, mientras que una verificación de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios señaló anomalías en 60 puntos evaluados.
El caso pone bajo escrutinio las condiciones en que se ofrecen procedimientos quirúrgicos en establecimientos promocionados por internet. Las autoridades deberán determinar si el sitio contaba con las autorizaciones necesarias y si el personal involucrado cumplía con los requisitos para realizar una intervención de este tipo.



































