La Fiscalía General de Justicia de Tamaulipas investiga el caso de una niña de 11 años que ingresó a un hospital del IMSS en Matamoros con aproximadamente cinco meses de embarazo, situación que derivó en la activación de protocolos de atención y en una investigación por posible violencia sexual.
El caso fue detectado cuando la menor recibió atención médica en el Hospital General de Zona No. 13 del IMSS. Tras identificar el embarazo, el personal médico notificó a las autoridades correspondientes y se inició el seguimiento institucional.
La madre de la niña presentó una denuncia ante la Fiscalía estatal, que abrió una carpeta de investigación para determinar las circunstancias en las que ocurrió el embarazo y establecer las posibles responsabilidades. Hasta el momento no se ha informado públicamente sobre alguna persona detenida por estos hechos.
También intervino el DIF de Matamoros, que realizó acciones de seguimiento para conocer las condiciones familiares y sociales de la menor, además de coordinarse con las instituciones encargadas de su protección.
El Instituto Mexicano del Seguro Social activó los protocolos previstos para casos que involucran a niñas, niños y adolescentes, con atención médica y acompañamiento especializado.
El caso generó además un pronunciamiento de la Secretaría de las Mujeres del Gobierno de México, que condenó la situación y pidió garantizar la protección integral de la menor, así como su acceso a atención médica, psicológica, jurídica y social especializada.
La dependencia federal señaló que las autoridades deben actuar bajo el principio del interés superior de la niñez y evitar cualquier acción que pueda generar una nueva afectación a la menor durante el proceso de investigación.
La Fiscalía de Tamaulipas mantiene abierta la investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las responsabilidades correspondientes.
Debido a que se trata de una menor de edad y de un caso relacionado con posible violencia sexual, sus datos personales y cualquier información que permita identificarla deben mantenerse bajo reserva.
El caso vuelve a poner bajo atención la situación del embarazo infantil y la obligación de las instituciones de actuar de manera coordinada para garantizar la seguridad, atención y restitución de los derechos de niñas y adolescentes.
