El Instituto Nacional Electoral (INE) presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República (FGR) para que investigue posibles irregularidades en el ejercicio de recursos públicos y determine si existen conductas que puedan constituir delitos.
La autoridad electoral dio a conocer la decisión mediante un comunicado difundido el 7 de noviembre, en el que señaló que corresponde a la Fiscalía realizar las investigaciones dentro de sus atribuciones y establecer, en su caso, las responsabilidades correspondientes.
El INE sostuvo que la denuncia responde a su obligación de proteger la legalidad, la transparencia y la correcta administración de los recursos públicos, sin distinción de personas, cargos, responsabilidades o periodos de gestión. También reiteró que mantiene una política de cero tolerancia frente a cualquier conducta que pueda comprometer el patrimonio destinado a sus funciones constitucionales.
La presentación de esta denuncia ocurre en medio de las investigaciones relacionadas con contratos electorales de años recientes, entre ellos los vinculados con la elección judicial de 2025 y la producción de la credencial para votar.
Por separado, el titular del Órgano Interno de Control del INE, Víctor Hugo Carvente Contreras, informó ante la Cámara de Diputados que esa instancia presentó seis denuncias penales ante la FGR contra personas servidoras y exservidoras públicas, así como empresas, por posibles delitos como uso ilícito de atribuciones y facultades, uso de documentos falsos, tráfico de influencias, ejercicio ilícito del servicio público y cohecho.
De acuerdo con información publicada sobre esas acciones del Órgano Interno de Control, entre las personas que presuntamente estarían relacionadas con los señalamientos figuran la exconsejera presidenta Guadalupe Taddei Zavala y el contratista José Alfredo Hernández Casillas.
Es importante distinguir ambas actuaciones: la denuncia institucional anunciada por el INE y las seis denuncias penales reportadas por su Órgano Interno de Control. En todos los casos, corresponde a la FGR investigar los hechos y determinar si existen responsabilidades legales.
Con esta acción, el organismo electoral coloca ante la autoridad ministerial las posibles irregularidades en el manejo de recursos públicos y contratos relacionados con sus actividades.
