El Instituto Nacional Electoral (INE) firmará este viernes 6 de noviembre un convenio de colaboración con cinco instituciones federales para intercambiar información y evaluar posibles riesgos de que personas vinculadas con la delincuencia organizada busquen llegar a cargos de elección popular.

El acuerdo será suscrito con la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

El objetivo es establecer un mecanismo de verificación de integridad y evaluación de riesgo razonable para quienes aspiren a una candidatura partidista o independiente, de cara al proceso electoral concurrente 2026-2027.

De acuerdo con el INE, los partidos políticos y las personas interesadas en obtener una candidatura independiente podrán entregar voluntariamente los listados de sus posibles postulaciones, siempre acompañados del consentimiento informado de cada aspirante.

Una vez recibidas las solicitudes, el organismo electoral las remitirá a las instituciones correspondientes, que realizarán las revisiones con base en sus propias metodologías y criterios para determinar si existe o no un riesgo razonable.

¿Quiénes participarán en la revisión?

Las cinco instituciones federales que colaborarán con el INE son:

  • Fiscalía General de la República (FGR), encabezada por Ernestina Godoy Ramos.
  • Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch.
  • Centro Nacional de Inteligencia (CNI), dirigido por Francisco Almazán Barocio.
  • Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), encabezada por Omar Reyes Colmenares.
  • Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), cuyo titular es Ángel Cabrera Mendoza.

El convenio permitirá compartir información relacionada con las personas aspirantes, con el propósito de identificar posibles riesgos vinculados con actividades criminales y fortalecer los mecanismos de revisión antes de las postulaciones.

La participación de los partidos y aspirantes independientes será voluntaria, por lo que las revisiones dependerán de que entreguen sus listados y cuenten con la autorización de las personas involucradas.

El procedimiento tampoco implica que el INE pueda retirar automáticamente una candidatura por una evaluación de riesgo. Las instituciones participantes determinarán si existen elementos que representen un riesgo razonable, mientras que las decisiones correspondientes deberán sujetarse a las atribuciones y procedimientos legales.

El acuerdo se enmarca en las acciones para reforzar la integridad de las candidaturas y evitar la infiltración de la delincuencia organizada en los procesos electorales, sin vulnerar los derechos político-electorales de quienes busquen competir.