La presidenta Claudia Sheinbaum cuestionó el origen de las presuntas irregularidades en las contrataciones de materiales electorales y aseguró que el llamado «cochinero» del Instituto Nacional Electoral (INE) no comenzó durante la gestión de Guadalupe Taddei, sino que tiene antecedentes desde finales de los años 90 y se fortaleció entre 2014 y 2023, cuando Lorenzo Córdova encabezó el organismo.

Durante su conferencia matutina de este jueves 5 de noviembre, la secretaria de Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro, presentó una investigación sobre la trayectoria de los hermanos José Alfredo y Raymundo Hernández Casillas, quienes pasaron de ocupar cargos en dependencias públicas a convertirse en empresarios proveedores de materiales electorales.

La revisión de registros históricos de contrataciones permitió reconstruir cómo sus compañías comenzaron a participar en licitaciones electorales y posteriormente consiguieron adjudicaciones millonarias en organismos de distintas entidades del país.

«¿De dónde sale todo este cochinero? ¿Esta mafia electoral?», cuestionó Sheinbaum al referirse a los antecedentes de las empresas y a la concentración de contratos en un grupo de proveedores.

De servidores públicos a empresarios electorales

De acuerdo con la exposición de Buenrostro, los hermanos Hernández Casillas comenzaron su trayectoria en la administración pública en 1983, cuando se incorporaron al Registro Nacional de Población e Identificación Personal (Renapo), entonces dirigido por Juan Carlos Padilla Aguilar.

José Alfredo Hernández Casillas se desempeñó como secretario particular de Padilla Aguilar, mientras que su hermano Raymundo se incorporó posteriormente al área de investigaciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen).

Tras dejar el servicio público, ambos comenzaron a desarrollar actividades empresariales relacionadas con la producción y comercialización de materiales electorales.

Uno de sus primeros negocios fue Cartonera Plástica, compañía que en 1999 comenzó a participar en contrataciones públicas para suministrar insumos electorales en el Estado de México.

El antecedente más relevante ocurrió en 2005, cuando la empresa obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral de esa entidad. El procedimiento estuvo rodeado de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, en un escándalo que terminó con la renuncia de siete consejeros electorales.

La investigación presentada por Buenrostro identificó que las empresas relacionadas con los hermanos Hernández Casillas ampliaron considerablemente su participación en el mercado electoral entre 2014 y 2023, periodo que coincidió con la presidencia de Lorenzo Córdova en el INE.

Durante esos años, las compañías obtuvieron contratos por 2 mil 94 millones de pesos con 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE).

Entre las empresas identificadas se encuentran Formas Finas y Materiales, Cajas Graf, Seriplast de México y Corporativo ZEG.

La secretaria Anticorrupción señaló que algunas de estas compañías presuntamente simulaban competencia entre sí para obtener adjudicaciones, compartían domicilios y números telefónicos y, en determinados casos, no contaban con empleados, infraestructura o capacidad técnica para cumplir con los servicios contratados.

La funcionaria también expuso posibles vínculos entre proveedores y servidores públicos, así como mecanismos que habrían permitido mantener la participación de las mismas compañías en diferentes procesos de contratación.

Sheinbaum cuestionó que durante ese periodo no se establecieran lineamientos más estrictos para evitar la concentración de adjudicaciones y garantizar una mayor competencia entre proveedores.

Las contrataciones continuaron hasta 2025

Los datos presentados por el Gobierno federal también muestran que la participación de estas empresas no terminó con el periodo de Lorenzo Córdova.

Entre 2024 y 2025, las compañías vinculadas con los hermanos Hernández Casillas consiguieron otros 646.3 millones de pesos mediante contratos con 15 organismos electorales locales.

Con ello, los montos expuestos durante la conferencia ascienden a aproximadamente 2 mil 740 millones de pesos entre 2015 y 2025.

Este último periodo también coloca bajo revisión las contrataciones realizadas durante la presidencia de Guadalupe Taddei, pues las empresas continuaron obteniendo adjudicaciones después del cambio en la dirección del instituto.

Sheinbaum sostuvo que la presunta estructura no nació con Taddei y que los antecedentes deben investigarse desde su origen. Sin embargo, también señaló que cualquier funcionario que haya cometido una ilegalidad debe responder ante las autoridades.

La presidenta pidió que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Fiscalía General de la República (FGR) investiguen las operaciones y determinen las posibles responsabilidades.

La reconstrucción de los antecedentes permite observar que las empresas señaladas mantuvieron presencia en las compras electorales durante distintos periodos y bajo diferentes administraciones.

Pero establecer cuándo comenzó una presunta red de irregularidades no es suficiente para esclarecer el caso. También debe determinarse quién autorizó cada contratación, qué procedimientos se utilizaron y por qué los mismos proveedores continuaron obteniendo recursos públicos durante tantos años.

Señalar lo ocurrido durante una administración anterior no elimina la necesidad de revisar las operaciones posteriores. Si hubo irregularidades entre 2014 y 2023, deben investigarse; y si también existieron durante 2024 y 2025, las autoridades deben establecer quiénes participaron.

La antigüedad de un posible esquema tampoco puede convertirse en una justificación para que las responsabilidades más recientes queden fuera del escrutinio.

Sheinbaum plantea cambios en la producción de materiales electorales

Como parte de las medidas anunciadas ante este caso, la presidenta adelantó que la próxima semana presentará un decreto para ampliar la participación de dependencias federales e instituciones académicas en el consejo de administración de Talleres Gráficos de México, organismo encargado de producir las boletas electorales.

La propuesta busca fortalecer la supervisión de los procesos de producción y adquisición de materiales electorales, además de abrir la fabricación de urnas, mamparas y otros insumos a empresas mexicanas mediante procedimientos transparentes y precios de referencia.

Mientras continúan las investigaciones, el caso deja una pregunta central: después de más de dos décadas de contrataciones con los mismos grupos empresariales, ¿se logrará esclarecer quiénes participaron y quiénes permitieron que este esquema continuara?