La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) bloqueó cuentas bancarias de 40 personas y empresas relacionadas con proveedores de materiales y servicios electorales, en una nueva acción dentro de las investigaciones por presuntas irregularidades financieras vinculadas con contrataciones del Instituto Nacional Electoral (INE).
La medida fue reportada este miércoles 4 de noviembre, en medio de la polémica por las grabaciones difundidas en las que aparece Guadalupe Taddei junto al empresario José Alfredo Hernández Casillas, hablando sobre posibles ganancias relacionadas con contratos electorales.
El bloqueo alcanza a 25 personas físicas y 15 empresas. Se trata de una medida administrativa que restringe operaciones dentro del sistema financiero mientras se desarrollan las investigaciones; no representa por sí misma una sentencia ni acredita que los involucrados hayan cometido algún delito.
Las indagatorias se concentran en una red de empresas que ha participado en contratos para suministrar materiales electorales al INE y a organismos locales. Entre las firmas señaladas en reportes periodísticos se encuentran Cajas Graf y Corporativo Zeg, vinculadas con los empresarios José Alfredo y Raymundo Francisco Hernández Casillas.
Las autoridades financieras revisan posibles esquemas de simulación de competencia, triangulación de recursos y operaciones con empresas presuntamente utilizadas para facturar servicios. También se han examinado posibles vínculos entre proveedores y personas que ocuparon cargos administrativos dentro del instituto electoral. Estos señalamientos forman parte de las investigaciones y no constituyen responsabilidades acreditadas.
El caso adquirió mayor exposición pública luego de que se difundieran videos en los que Taddei aparece con Hernández Casillas, quien habla de cantidades y posibles ganancias derivadas de contratos electorales. Las grabaciones provocaron cuestionamientos sobre la relación entre la entonces consejera presidenta y el empresario, así como sobre los mecanismos de contratación del organismo.
La revisión también se desarrolla en un contexto de antecedentes financieros: reportes anteriores documentaron bloqueos de cuentas de proveedores relacionados con esta red entre 2023 y 2024. Sin embargo, la acción reportada el 4 de noviembre corresponde a una nueva medida que alcanza a 40 personas y empresas.
Las investigaciones buscan esclarecer el origen y destino de los recursos, así como determinar si existieron irregularidades en las operaciones y contrataciones. Por ahora, el bloqueo de cuentas no equivale a una condena penal.
