El Instituto Nacional Electoral (INE) ha dado de baja a 836 trabajadores de sus oficinas centrales en lo que va de 2026, una renovación de personal que ha generado preocupación entre exconsejeros electorales por el posible impacto en la capacidad operativa del organismo de cara a las elecciones de 2027.

De acuerdo con información proporcionada por el propio INE, desde el 1 de enero fueron dados de baja 265 trabajadores contratados por proyecto y 566 por honorarios, además de cinco integrantes del Servicio Profesional Electoral Nacional (SPEN), para alcanzar el total reportado de 836 bajas.

Las áreas con mayor número de bajas entre el personal por honorarios incluyen la Unidad Técnica de Transparencia y Protección de Datos Personales, con 195; la Dirección Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, con 79, y la Unidad Técnica de Servicios de Informática, con 67 trabajadores.

El movimiento de personal ocurre a menos de un mes del inicio formal del proceso electoral federal 2026-2027, previsto para el 10 de septiembre.

El exconsejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, consideró que la salida de personal técnico especializado puede representar una pérdida de experiencia acumulada, particularmente porque se trata de áreas que requieren conocimientos específicos para organizar los procesos electorales.

Según su estimación, las 836 bajas representan más de 5% de la plantilla total del instituto. Si se considera únicamente al personal de las oficinas centrales, donde laboran entre 5 mil y 6 mil personas, el cambio equivale a una renovación cercana al 15%.

Córdova señaló que históricamente se había buscado una rotación parcial para conservar la experiencia institucional y evitar que una renovación masiva coincidiera con el inicio de un proceso electoral.

Entre las personas que dejaron sus cargos se encuentran técnicos, verificadores, analistas y asesores de distintas áreas especializadas.

También fueron dados de baja trabajadores encargados de verificar la calidad de las credenciales para votar y de participar en la logística relacionada con su producción y distribución.

Uno de los efectos que ya ha enfrentado el instituto es el aumento en los tiempos de entrega de la credencial para votar: el periodo llegó a pasar de cinco a 30 días, aunque actualmente el INE busca reducirlo nuevamente a alrededor de 12 días.

En contraste, el instituto informó que durante este año ha firmado 2 mil 719 contratos, aunque una parte importante corresponde a personal eventual que debe renovar sus contratos periódicamente.

La salida de trabajadores también se presenta mientras algunas áreas han experimentado cambios en sus titulares.

Consejeros electorales han impugnado algunos de los nombramientos de sustitutos ante la Sala Superior del Tribunal Electoral, al considerar que determinados perfiles no contarían con la preparación técnica necesaria para desempeñar las funciones correspondientes.

Un exconsejero consultado para el reporte consideró que algunos movimientos pueden explicarse por la conclusión de proyectos o por cambios derivados de la creación de nuevos partidos y modificaciones internas, pero advirtió que preocupa la cantidad de bajas acumuladas en aproximadamente seis meses.

La principal preocupación, de acuerdo con los exfuncionarios consultados, es que el INE llegue al proceso electoral de 2027 con áreas que todavía se encuentren en proceso de capacitación y adaptación de nuevo personal.

Las elecciones de 2027 serán uno de los principales retos operativos para el organismo electoral, por lo que la renovación de su plantilla y la conservación de experiencia técnica se mantienen como temas de discusión al interior del instituto.