El Gobierno de México busca acelerar la transición hacia una economía con mayor uso de medios de pago digitales mediante una nueva iniciativa de ley que plantea establecer condiciones para facilitar y ampliar las operaciones electrónicas en el país.

La propuesta, presentada como parte de la estrategia de transformación digital de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, pretende que realizar pagos mediante tarjetas, teléfonos celulares y transferencias electrónicas sea cada vez más sencillo y accesible para la población y los establecimientos comerciales.

La iniciativa forma parte de una política orientada a fortalecer la inclusión financiera y aprovechar las herramientas tecnológicas disponibles para reducir las barreras que todavía enfrentan algunas personas y negocios para incorporarse al sistema financiero.

¿Qué plantea la iniciativa?

Uno de los principales objetivos es avanzar hacia una mayor adopción de los pagos digitales, de manera que las personas tengan más alternativas para realizar compras, transferencias y otras operaciones sin depender exclusivamente del dinero en efectivo.

El proyecto contempla la participación y coordinación de distintas instituciones relacionadas con el sistema financiero y la transformación digital, además de mecanismos para facilitar la incorporación de soluciones tecnológicas en los procesos económicos.

De acuerdo con la información difundida sobre la propuesta, la intención es que los pagos electrónicos puedan realizarse mediante distintas herramientas, entre ellas tarjetas, teléfonos celulares y transferencias, aprovechando la infraestructura financiera y tecnológica existente.

La iniciativa también busca que los servicios digitales sean más accesibles para sectores que actualmente tienen una menor participación en el sistema financiero formal.

El proyecto no plantea únicamente sustituir el efectivo por medios electrónicos. Uno de sus argumentos centrales es ampliar la inclusión financiera, al facilitar que más personas puedan utilizar cuentas bancarias y acceder a servicios como créditos, financiamientos y otras herramientas financieras.

La propuesta se suma a cambios que ya se están realizando en el sistema de pagos mexicano. Banco de México, por ejemplo, ha establecido nuevas reglas para facilitar las transferencias mediante teléfonos celulares, permitiendo que el número de teléfono pueda utilizarse como identificador de una cuenta cuando el usuario lo haya asociado previamente con su institución financiera.

De esta manera, una persona podría enviar dinero sin necesidad de compartir necesariamente una CLABE de 18 dígitos o el número de una tarjeta, siempre que el servicio esté habilitado por su institución financiera.

Aunque la iniciativa plantea avanzar hacia una economía con mayor presencia de pagos digitales, esto no significa que el dinero en efectivo vaya a desaparecer de manera inmediata.

La propuesta busca establecer condiciones para que las operaciones electrónicas sean más accesibles y puedan utilizarse en un mayor número de establecimientos y actividades económicas.

El proceso todavía depende de la discusión y aprobación legislativa, por lo que los alcances definitivos podrían modificarse durante el análisis de la iniciativa.

El impulso a los pagos digitales también tiene implicaciones para pequeños negocios y comercios, que podrían ampliar las opciones que ofrecen a sus clientes.

La adopción de estos sistemas puede permitir que establecimientos que tradicionalmente operan principalmente con efectivo incorporen alternativas mediante terminales, aplicaciones, códigos QR o transferencias.

Esta tendencia ya se ha acelerado en México. La llegada de visitantes internacionales durante el Mundial de Futbol de 2026 también ha impulsado a pequeños comercios a incorporar alternativas digitales para facilitar las compras de consumidores nacionales y extranjeros.

¿Qué podría cambiar para los usuarios?

De aprobarse la iniciativa en los términos planteados, el objetivo sería que los pagos electrónicos tengan una presencia mucho mayor en las actividades cotidianas.

Para los consumidores, esto significaría contar con más opciones para pagar productos y servicios, realizar transferencias o utilizar herramientas financieras desde dispositivos móviles.

Para los comercios, implicaría avanzar en la incorporación de mecanismos digitales que permitan recibir pagos distintos al efectivo.

El Gobierno federal sostiene que este proceso debe ir acompañado de medidas que reduzcan las barreras de acceso y permitan que más personas participen en la economía formal y en los servicios financieros.

La propuesta representa así un nuevo paso en la digitalización de la economía mexicana, aunque su alcance final dependerá del proceso legislativo y de las reglas que eventualmente se establezcan para su aplicación.