La Fiscalía General de la República (FGR) acusa al exgobernador de Baja California, Ernesto Ruffo Appel, de desempeñar un papel clave dentro de una presunta organización criminal dedicada al huachicol fiscal, por la cual habría recibido al menos 18 millones de pesos.
De acuerdo con la investigación, Ruffo no solo participaba como accionista en la empresa Ingemar, sino que también tenía un rol de dirección dentro de la red, con “dominio funcional del hecho”, lo que lo colocaría como uno de los principales responsables de las operaciones ilícitas.
Las indagatorias señalan que el esquema consistía en declarar volúmenes menores de combustible al que realmente era transportado. Por ejemplo, registros oficiales indicaban cargas cercanas a los 10 mil litros, cuando en realidad los carrotanques podían movilizar más de 100 mil litros por unidad, lo que evidencia un mecanismo sistemático de ocultamiento y evasión fiscal.
Además, la FGR sostiene que estas operaciones generaron pérdidas millonarias al erario, derivadas del no pago de impuestos por el combustible introducido ilegalmente al país.
El caso forma parte de una investigación más amplia sobre una red de contrabando de hidrocarburos que habría operado en distintos puntos del país, involucrando a empresarios, agentes aduanales y otros actores vinculados al traslado irregular de combustible.
La detención de Ruffo y su vinculación con este esquema ha generado un fuerte impacto político, al tratarse de una figura histórica de la oposición en México. Paralelamente, el proceso ha abierto debate sobre el combate al huachicol fiscal y la posible participación de actores de alto nivel en estas redes ilícitas.
