El Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó este martes 29 de septiembre a Carlos Alberto Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, al señalarlo por presuntos vínculos con una estructura relacionada con La Mayiza, una de las facciones del Cártel de Sinaloa.
La medida fue anunciada por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC), que incluyó a Torres Torres dentro de una acción contra personas y empresas que, de acuerdo con el gobierno estadounidense, actúan como líderes, operadores o facilitadores de las actividades del Cártel de Sinaloa.
Según la información difundida por las autoridades estadounidenses, Carlos Torres estaría relacionado con Los Rusos, grupo identificado por el Tesoro como una estructura armada vinculada con La Mayiza y con operaciones en Tijuana.
El gobierno de Estados Unidos sostiene que Torres habría utilizado sus relaciones e influencia política para facilitar las actividades de esta organización y protegerla de acciones de las autoridades en Baja California.
La OFAC también señaló a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos, como parte del esquema que las autoridades estadounidenses investigan.
De acuerdo con el Departamento del Tesoro, Carlos Torres habría mantenido una alianza con Juan José Ponce Félix, identificado como “El Ruso”, a quien las autoridades estadounidenses relacionan con Los Rusos.
La dependencia sostiene que el exesposo de la gobernadora utilizó su influencia política para facilitar las actividades del grupo y reducir la intervención de autoridades y fuerzas de seguridad en Baja California.
La acción también alcanzó a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali. Según el gobierno estadounidense, habría recibido presuntos sobornos de “El Ruso” para mantener bajo control a la corporación municipal y permitir las operaciones del grupo.
El Tesoro estadounidense sostiene además que Carlos Torres habría recibido pagos mensuales relacionados con este esquema, mientras que su hermano Luis Alfonso habría participado en la recepción y lavado de recursos mediante empresas y campañas políticas. Estos son señalamientos formulados por las autoridades de Estados Unidos y no constituyen por sí mismos una sentencia judicial en México.
El señalamiento contra Carlos Torres ocurre después de que en mayo de 2025 trascendiera la cancelación de su visa estadounidense. Posteriormente, en enero de 2026, Marina del Pilar confirmó que la Fiscalía General de la República investigaba a su entonces expareja por posibles delitos relacionados con narcotráfico, tráfico de armas y lavado de dinero.
La gobernadora declaró entonces que confiaba en que la FGR realizara una investigación y esclareciera los hechos.
En julio de 2026, Marina del Pilar también se refirió públicamente a unos audios relacionados con supuestos intermediarios de autoridades estadounidenses. La mandataria sostuvo que quienes participaron en esa conversación no acreditaron oficialmente su representación y rechazó las interpretaciones construidas a partir de fragmentos de la grabación.
Las designaciones de la OFAC implican restricciones financieras dentro de la jurisdicción estadounidense. En términos generales, los bienes e intereses en bienes de las personas sancionadas que se encuentren en Estados Unidos o bajo posesión o control de personas estadounidenses quedan bloqueados, y las personas estadounidenses tienen prohibido realizar determinadas operaciones con los designados, salvo autorización de la OFAC.
La acción anunciada este martes forma parte de una operación más amplia contra integrantes y presuntos facilitadores de redes relacionadas con La Mayiza. Entre los objetivos también aparece Ismael Zambada Sicairos, “El Mayito Flaco”, identificado por el gobierno estadounidense como líder de Los Mayos.
El Departamento del Tesoro señaló que la operación contempla a 21 personas y 25 entidades vinculadas, según la información difundida este martes.
El señalamiento contra Carlos Torres corresponde a las autoridades estadounidenses. La sanción financiera de la OFAC no equivale, por sí misma, a una condena penal y cualquier responsabilidad jurídica deberá determinarse mediante los procedimientos correspondientes.
