Ciudadanos, activistas y abogados de Sinaloa entregaron este martes al Senado de la República más de 20 mil firmas para solicitar que el senador Enrique Inzunza Cázarez se separe de su cargo y enfrente las investigaciones y señalamientos que pesan sobre él.
La entrega fue encabezada por Vania Pérez Morales, expresidenta del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción, quien ha impulsado una petición ciudadana para que el legislador sinaloense deje su escaño mientras se esclarecen los señalamientos en su contra.
El grupo acudió al Senado con las firmas reunidas mediante una petición en Change.org. De acuerdo con los organizadores, se trata de adhesiones verificadas que respaldan la solicitud para que Inzunza solicite licencia.
La entrega estuvo acompañada de un momento de tensión, luego de que integrantes del grupo denunciaron que personal de Resguardo Parlamentario les impidió inicialmente ingresar al recinto.
Según el reporte de Eje Central, los activistas señalaron que la restricción se habría dado por instrucciones de la Mesa Directiva. Posteriormente, tras la intervención de las senadoras Paloma Sánchez, del PRI, y Lilly Téllez, del PAN, los ciudadanos pudieron ingresar para realizar una conferencia de prensa.
Paloma Sánchez cuestionó que se hubiera impedido el acceso a los ciudadanos y señaló que era la primera ocasión en que ella y sus invitados enfrentaban una situación de este tipo.
Por su parte, Lilly Téllez acusó a Higinio Martínez, presidente de la Mesa Directiva, y a Ignacio Mier, coordinador de Morena, de impedir el acceso al grupo. Estas declaraciones corresponden a las legisladoras y no implican que exista una resolución institucional que determine esas acusaciones.
Vania Pérez Morales sostuvo que el senador debería dejar temporalmente el cargo para enfrentar las investigaciones sin la protección asociada a su posición.
La activista ha cuestionado públicamente que Inzunza continúe como legislador mientras enfrenta señalamientos formulados por autoridades estadounidenses, además de antecedentes de denuncias relacionadas con su etapa como funcionario judicial en Sinaloa.
La petición ciudadana no representa, por sí misma, una separación automática del senador. La entrega de firmas constituye una solicitud dirigida al Senado, mientras que cualquier eventual licencia, separación o procedimiento contra el legislador tendría que seguir los mecanismos correspondientes.
El caso de Inzunza tomó mayor relevancia después de que autoridades de Estados Unidos lo incluyeran en señalamientos relacionados con organizaciones criminales.
De acuerdo con información citada por Eje Central, fiscales del Distrito Sur de Nueva York lo señalaron en abril de 2026 dentro de una acusación que incluye presunta conspiración para importar grandes cantidades de narcóticos a Estados Unidos, así como acusaciones relacionadas con armas de fuego y dispositivos destructivos.
Las autoridades estadounidenses también sostienen que Inzunza habría utilizado posiciones públicas para facilitar operaciones relacionadas con el narcotráfico.
Es importante precisar que estos son señalamientos formulados por autoridades estadounidenses y no equivalen por sí mismos a una sentencia condenatoria. Inzunza ha rechazado las acusaciones y ha sostenido públicamente que es inocente.
El senador sinaloense también acudió en mayo ante la Fiscalía General de la República para rendir declaración respecto de los señalamientos estadounidenses.
Otro elemento reciente en el caso es que Inzunza dejó de formar parte del grupo parlamentario de Morena.
La separación tuvo efectos desde el 26 de agosto y fue notificada formalmente a la Mesa Directiva del Senado en septiembre. Desde entonces, el legislador continúa desempeñándose como senador independiente.
El Sistema de Información Legislativa también lo identifica actualmente como senador sin partido por Sinaloa y registra su participación en diversas comisiones del Senado.
Además de las firmas, representantes de organizaciones de abogados de Sinaloa presentaron una solicitud de procedencia ante la Cámara de Diputados contra Inzunza, relacionada con los señalamientos por presuntos nexos con el crimen organizado y tráfico de influencias.
La jornada coloca nuevamente el caso del senador sinaloense en el centro de la discusión política y parlamentaria, mientras continúan los cuestionamientos sobre su permanencia en el cargo y los procedimientos relacionados con los señalamientos en su contra.
Por ahora, la entrega de las más de 23 mil firmas constituye una petición ciudadana; no implica que Enrique Inzunza haya perdido su escaño ni que exista una determinación de culpabilidad en su contra.
