El conflicto entre el colectivo de estancias infantiles Covafam y el Congreso del Estado de Sonora volvió a intensificarse luego de que legisladores rechazaran otorgar excepciones a la Ley 5 de Junio y determinaran aplazar hasta 2027 la entrega de alrededor de 2 millones de pesos reclamados por la organización.
La decisión se da en medio de un prolongado diferendo que ha incluido protestas, plantones e incluso huelgas de hambre por parte de integrantes de Covafam, quienes exigen recursos para la operación de centros de educación inicial y el reconocimiento pleno de este nivel educativo como un derecho en la entidad.
Desde el Poder Legislativo se ha argumentado que no es viable hacer excepciones a la normativa vigente —la cual establece requisitos estrictos en materia de seguridad y operación para estancias infantiles—, por lo que los apoyos económicos no pueden entregarse sin que exista cumplimiento total de la ley.
El conflicto también tiene como antecedente cuestionamientos sobre el uso de recursos públicos. Representantes de asociaciones de padres de familia han señalado presuntas irregularidades en la comprobación de hasta 2 millones de pesos entregados previamente, lo que, aseguran, debe aclararse antes de asignar nuevos apoyos.
Por su parte, Covafam sostiene que el Congreso ha incumplido con resoluciones judiciales y con la obligación de garantizar espacios de educación inicial, pese a que este derecho está contemplado desde reformas previas.
El choque de posturas ha derivado en movilizaciones constantes en Hermosillo, incluyendo marchas y plantones frente al Congreso del Estado, donde las y los manifestantes insisten en la urgencia de atender a la primera infancia en Sonora y destrabar los recursos pendientes.
Hasta ahora, no se vislumbra una solución inmediata. Mientras el Congreso mantiene su postura de apego estricto a la ley, el colectivo advierte que continuará con las protestas hasta lograr acuerdos que permitan la operación y financiamiento de los centros de atención infantil.
