El diputado federal del PAN, Germán Martínez Cázares, lanzó un cuestionamiento al gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, sobre las condiciones de seguridad que tendrán quienes busquen un cargo de elección popular en 2027.

Durante sus declaraciones, el legislador pidió que el gobierno estatal centre su atención en garantizar la tranquilidad de los participantes en el próximo proceso electoral, en lugar de intervenir en asuntos personales relacionados con Grecia Quiroz y Carlos Manzo.

“Me gustaría que, más que hablar del estado civil o de la relación personal de Grecia Quiroz, el gobierno de Michoacán, el gobernador, que exhibió las actas personales de Carlos Manzo, se hiciera cargo de la tranquilidad y dijera si se comprometen a que no va a haber ningún candidato muerto en Michoacán en la próxima campaña”, expresó.

Martínez hizo referencia a la violencia que ha golpeado a la entidad y recordó los asesinatos de presidentes municipales registrados durante la actual administración estatal. De acuerdo con el recuento que presentó, siete alcaldes han sido asesinados en municipios como Contepec, Aguililla, Churumuco, Cotija, Tacámbaro, Tepalcatepec y Uruapan.

También mencionó los homicidios del líder limonero Bernardo Bravo y del activista ambiental Homero Gómez, casos que han marcado la situación de seguridad en Michoacán.

El señalamiento se produjo en medio de la polémica por las declaraciones de Ramírez Bedolla y de Juan Manzo, hermano del exalcalde de Uruapan, sobre el estado civil de Grecia Quiroz y Carlos Manzo. La discusión surgió después de que se hiciera pública información del acta de defunción del exalcalde.

Germán Martínez expresó su respaldo a Quiroz y cuestionó que el debate político se concentre en su relación personal con Manzo, mientras persisten los problemas de violencia en el estado.

El llamado del diputado coloca nuevamente la seguridad de los aspirantes y candidatos en el centro de la discusión rumbo a las elecciones de 2027, en una entidad donde distintos actores políticos han sido víctimas de ataques. Hasta ahora, el planteamiento de Martínez es una exigencia pública al gobernador; no se trata de un compromiso formal anunciado por el gobierno estatal.