La justicia federal dio un nuevo giro en el caso Ayotzinapa al dictar prisión preventiva contra el exgobernador de Guerrero, Ángel Aguirre Rivero, por su presunta implicación en la desaparición de los 43 normalistas en 2014.
De acuerdo con las investigaciones recientes, el exmandatario es señalado por delitos como desaparición forzada y obstrucción de la justicia, principalmente por su posible participación en el ocultamiento y destrucción de evidencia clave relacionada con los hechos ocurridos en Iguala.
Las autoridades federales sostienen que nuevas declaraciones y elementos retomados en la investigación apuntan a que desde el gobierno estatal se habrían tomado decisiones para encubrir información, incluyendo material videográfico que podría haber sido determinante para esclarecer el caso.
Este avance forma parte de una nueva etapa en las indagatorias, que buscan fincar responsabilidades en funcionarios de alto nivel, en uno de los casos más emblemáticos de violaciones a derechos humanos en México.
La detención y medida cautelar contra Aguirre reavivan el reclamo de justicia por parte de familiares de los estudiantes, quienes durante más de una década han exigido verdad y castigo a los responsables.
A más de 10 años de los hechos, el caso Ayotzinapa continúa abierto y representa una de las mayores deudas del Estado mexicano en materia de justicia.
