La defensa del excontralmirante Fernando Farías Laguna solicitará que la audiencia inicial en su contra sea pública, al considerar que la publicidad constituye la regla dentro del sistema penal acusatorio mexicano.

El equipo legal informó que ya tuvo comunicación con Farías Laguna tras su llegada a México y permanece a la espera de la notificación formal sobre la hora en que se realizará la diligencia ante el Centro de Justicia Penal Federal con sede en Almoloya de Juárez, Estado de México.

Los abogados sostienen que cualquier restricción al acceso público tendría que ser excepcional y contar con una justificación jurídica. Para respaldar su petición, hacen referencia al artículo 20 de la Constitución y al Código Nacional de Procedimientos Penales, que contemplan el principio de publicidad de las audiencias.

La defensa también cuestionó que la diligencia pudiera realizarse a puerta cerrada, al argumentar que la propia Fiscalía General de la República (FGR) ha difundido durante meses información relacionada con el expediente.

Según los abogados, las autoridades han hecho públicos distintos aspectos de la investigación, entre ellos la detención de Farías Laguna en Argentina, su traslado a México y otras actuaciones relacionadas con el caso.

Por ello, consideran que debería existir congruencia entre la difusión pública que se ha dado a la investigación y las condiciones en las que se desarrolle la audiencia. Su argumento es que, si el caso ha sido expuesto públicamente para presentar las acusaciones, una eventual restricción de la audiencia tendría que estar claramente sustentada.

La petición de la defensa ocurre horas después de que Farías Laguna fuera trasladado desde Argentina a México y posteriormente ingresado al Centro Federal de Readaptación Social número 1, conocido como el Altiplano.

El exmando naval fue detenido en Buenos Aires en abril y permaneció bajo custodia de las autoridades argentinas hasta que se concretó su expulsión hacia México. Tras arribar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, quedó bajo custodia de autoridades federales y fue trasladado al penal mexiquense para quedar a disposición de la autoridad judicial que lo requiere.

La Fiscalía lo vincula con una investigación relacionada con una presunta red de contrabando de combustibles, conocida como “huachicol fiscal”. Dentro de la investigación se le atribuyen presuntos delitos de delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y delitos relacionados con hidrocarburos.

La audiencia marcará el inicio de la etapa judicial

La audiencia inicial será el espacio en el que la Fiscalía deberá presentar formalmente ante el juez los señalamientos contra Farías Laguna, mientras que su defensa podrá responder y plantear sus argumentos.

La solicitud para que la diligencia sea pública deberá ser analizada por la autoridad judicial, que determinará las condiciones bajo las cuales se desarrollará el procedimiento.

El planteamiento de los abogados coloca nuevamente el principio de publicidad de las audiencias en el centro del caso. Mientras la defensa sostiene que una eventual reserva debe estar debidamente justificada, la autoridad judicial será la encargada de determinar si existen razones legales para limitar el acceso público.

Farías Laguna mantiene la presunción de inocencia y será durante el proceso judicial cuando se definan las acusaciones y su situación jurídica conforme a las pruebas que sean presentadas ante el juez.