Las medidas incluyen restricciones financieras y comerciales contra el presidente cubano y su círculo cercano
Ciudad de México; 6 de junio de 2026.- El gobierno de Cuba rechazó las nuevas sanciones financieras impuestas por Estados Unidos contra el presidente Miguel Díaz-Canel y miembros de su familia, al calificarlas como una acción injerencista que busca presionar políticamente a la isla.
Las medidas, anunciadas por el Departamento del Tesoro estadounidense, contemplan la prohibición de realizar transacciones financieras y comerciales con las personas y entidades sancionadas, además del congelamiento de activos bajo jurisdicción de Estados Unidos.
De acuerdo con reportes internacionales, las sanciones también alcanzan a personas cercanas al mandatario, incluida su esposa, así como a integrantes del entorno político vinculado al gobierno cubano, en una nueva escalada de presión por parte de la administración del presidente Donald Trump.
En respuesta, autoridades cubanas denunciaron que estas acciones forman parte de una política de intervención y asfixia económica contra el país, al tiempo que reiteraron que no provocarán cambios en su sistema político.
El propio Díaz-Canel ha señalado en distintas ocasiones que las sanciones de Washington constituyen una agresión directa y han advertido que su impacto recae principalmente en la población, al agravar la crisis económica y energética que atraviesa la isla.
Analistas consideran que estas medidas se inscriben en una estrategia más amplia de Estados Unidos para incrementar la presión sobre el gobierno cubano, en medio de tensiones diplomáticas y una compleja situación interna marcada por escasez de combustible, apagones y dificultades en el acceso a bienes básicos.
La escalada ocurre en un contexto donde las relaciones entre ambos países se mantienen tensas, con sanciones que han impactado sectores clave como el financiero, energético y turístico, profundizando el aislamiento económico de Cuba.
Pese a ello, el gobierno cubano ha reiterado su disposición al diálogo, aunque insiste en que este debe darse bajo condiciones de respeto a su soberanía y sin imposiciones externas.
