La Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT) aprobó este miércoles los nuevos Lineamientos Generales para la Protección de los Derechos de las Audiencias, después de un proceso de consulta pública que generó cuestionamientos de organizaciones y especialistas por el posible riesgo de que las nuevas facultades regulatorias pudieran afectar la libertad de expresión.

La presidenta de la CRT, Norma Solano Rodríguez, rechazó que las disposiciones representen un mecanismo de censura y sostuvo que el organismo no tendrá facultades para decidir qué contenidos pueden difundirse en radio o televisión.

De acuerdo con la funcionaria, la intervención de la Comisión estará enfocada en verificar que los medios cuenten con mecanismos para recibir y atender las quejas de sus audiencias, pero no en determinar si una información es verdadera o falsa ni en modificar decisiones editoriales.

Los lineamientos fueron aprobados cinco días después de que concluyera la consulta pública, periodo en el que se recibieron más de 8 mil participaciones. La CRT incorporó modificaciones al proyecto inicial a partir de las observaciones recibidas.

¿Qué establecen los nuevos lineamientos?

Las nuevas reglas están dirigidas principalmente a concesionarios de radio, televisión abierta, televisión de paga y servicios de audio, así como a programadores.

Entre las disposiciones se contempla que los medios deberán contar con mecanismos para que las audiencias puedan presentar comentarios, sugerencias o quejas y recibir una respuesta.

También se establece la obligación de contar con una figura de defensoría de las audiencias y un código de ética, además de diferenciar claramente entre información, opinión y publicidad.

La CRT precisó que, cuando exista una inconformidad, el procedimiento deberá comenzar ante la defensoría de audiencias del propio medio. La Comisión solamente podrá intervenir cuando no se cumpla con ese procedimiento.

Uno de los cambios introducidos al proyecto original fue la eliminación de disposiciones que habían generado especial preocupación por su posible interpretación como una facultad para supervisar o sancionar contenidos periodísticos.

Norma Solano aseguró que la Comisión no revisará los contenidos ni las decisiones editoriales de los medios.

La funcionaria explicó que el papel del organismo será garantizar que las audiencias puedan ejercer sus derechos y que sus quejas reciban el trámite correspondiente.

Bajo este esquema, la CRT no determinará qué información debe publicarse, qué noticias son verdaderas o falsas ni qué postura editorial debe adoptar un medio.

La presidenta del organismo también sostuvo que las decisiones editoriales seguirán siendo responsabilidad de cada concesionario, de acuerdo con sus propios principios, valores y criterios.

Persisten cuestionamientos por las sanciones

Pese a los ajustes realizados durante la consulta pública, el tema de las sanciones continúa siendo uno de los puntos de mayor controversia.

La versión aprobada contempla multas que pueden alcanzar entre 0.1% y 1% de los ingresos anuales del concesionario, dependiendo del incumplimiento. La CRT sostiene que estas medidas no están diseñadas para castigar contenidos periodísticos, sino para hacer cumplir las obligaciones relacionadas con los derechos de las audiencias.

Las críticas, sin embargo, se concentran en el alcance de las facultades regulatorias y en el riesgo de que una autoridad administrativa termine influyendo indirectamente en el funcionamiento de los medios.

Human Rights Watch había advertido antes de la aprobación que el proyecto podía representar una amenaza para la libertad de expresión debido a las facultades de supervisión y sanción previstas.

Más de 8 mil comentarios durante la consulta

El proceso de consulta pública se desarrolló del 27 de julio al 21 de agosto de 2026. La CRT recibió miles de observaciones antes de aprobar la versión definitiva de los lineamientos.

La Comisión aseguró que los comentarios permitieron modificar algunos de los aspectos más cuestionados del proyecto y delimitar con mayor precisión sus facultades.

Entre los cambios se encuentran ajustes relacionados con la atención de quejas, el régimen de sanciones y la forma en que los medios deberán diferenciar los contenidos informativos de las opiniones.

¿Cuándo entrarán en vigor?

Los lineamientos entrarán en vigor 30 días naturales después de su publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

A partir de entonces, los concesionarios sujetos a estas disposiciones deberán adecuar sus mecanismos internos para atender las quejas de las audiencias y cumplir con las obligaciones establecidas.

El debate, sin embargo, no termina con la aprobación de las reglas. Mientras la CRT defiende que se trata de un mecanismo para garantizar los derechos de quienes consumen contenidos de radio y televisión, organizaciones defensoras de la libertad de expresión mantienen sus preocupaciones sobre el alcance de las facultades regulatorias.

Así, la implementación de los lineamientos abrirá una nueva etapa en la discusión sobre el equilibrio entre derechos de las audiencias, regulación de los medios y libertad de expresión en México.