El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, negó haber autorizado o participado en decisiones que permitieran la intervención de agentes extranjeros en el operativo realizado en El Pinal, donde fue desmantelado un presunto laboratorio de drogas sintéticas en abril de 2026.
Durante una audiencia judicial, Jáuregui sostuvo que no existen pruebas directas que lo vinculen con la autorización de la participación de personal estadounidense en el despliegue. Afirmó que en las declaraciones de funcionarios, los registros telefónicos y otros elementos revisados durante la investigación no hay referencias específicas que demuestren que dio instrucciones o intervino en esas decisiones.
El exfuncionario cuestionó que las acusaciones en su contra se sustenten en presunciones y señaló que, según su interpretación de los datos presentados, ninguno de los testimonios expuestos durante la audiencia acredita que conociera o aprobara la presencia de los agentes extranjeros.
La defensa de Jáuregui también ha señalado que las declaraciones recabadas apuntan al entonces director de la Agencia Estatal de Investigación, Pedro Román Oseguera Cervantes, como la persona vinculada con la organización del operativo y la presencia de los estadounidenses. Oseguera murió en el accidente vehicular ocurrido después del despliegue, en el que también fallecieron dos agentes estadounidenses. Estos argumentos corresponden a la postura de la defensa y deberán valorarse junto con los elementos presentados por la Fiscalía.
La Fiscalía General del Estado de Chihuahua sostiene una versión distinta. Durante el proceso, el Ministerio Público presentó testimonios y otros datos de investigación para argumentar que hubo participación de ciudadanos extranjeros en actividades operativas sin las autorizaciones federales correspondientes.
Por estos hechos, Jáuregui enfrenta acusaciones del fuero estatal, entre ellas ejercicio ilegal del servicio público y coalición. Además, la Fiscalía General de la República lo investiga por presunta traición a la patria en materia de seguridad nacional, debido a la supuesta participación no autorizada de agentes estadounidenses en territorio mexicano.
El caso se relaciona con el operativo realizado en la comunidad de El Pinal, en la Sierra Tarahumara, en abril pasado. La presencia de agentes estadounidenses y la muerte de cuatro personas en un accidente posterior al despliegue provocaron cuestionamientos sobre la colaboración con autoridades extranjeras y los procedimientos utilizados en acciones contra el crimen organizado.
Jáuregui rechaza haber autorizado o facilitado esa intervención. La investigación y los procedimientos judiciales deberán determinar si existen elementos suficientes para acreditar las responsabilidades que le atribuyen las autoridades.
