Ciudad de México; 4 de junio de 2026.- Autoridades federales detuvieron en la Ciudad de México a Antonio Molina Díaz, excoordinador del sistema penitenciario federal durante los gobiernos de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto, señalado por su presunta participación en una red de corrupción vinculada al exsecretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La captura fue realizada por elementos de la Fiscalía General de la República (FGR) en la colonia Anáhuac, como parte de una investigación por delitos de delincuencia organizada, peculado y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
De acuerdo con las indagatorias, Molina Díaz habría participado en un esquema de desvío de recursos públicos que supera los 5 mil millones de pesos, mediante contratos relacionados con la construcción y operación de centros penitenciarios federales entre 2013 y 2018.
Las autoridades sostienen que estos recursos fueron triangulados a través de contratos irregulares y empresas fachada, en un entramado que forma parte de las investigaciones más amplias en torno a la red encabezada por García Luna, actualmente preso en Estados Unidos por delitos relacionados con el narcotráfico.
Información de medios internacionales señala que el exfuncionario tuvo un papel relevante en la administración de los Centros Federales de Readaptación Social (Ceferesos), desde donde habría intervenido en contratos para la construcción de al menos ocho penales en distintas entidades del país.
Durante su detención, agentes federales le aseguraron identificaciones presuntamente falsas, dinero en efectivo tanto en moneda nacional como extranjera, así como dispositivos electrónicos que serán integrados a la carpeta de investigación.
Además de estos señalamientos, el nombre de Molina Díaz también ha estado vinculado a investigaciones relacionadas con el incendio ocurrido en una estación migratoria en Ciudad Juárez en 2023, donde murieron 40 personas, caso por el cual enfrentó procesos legales previamente.
La Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO) será la encargada de continuar con el proceso, mientras que un juez federal determinará en las próximas horas su situación jurídica.
La detención se suma a una serie de acciones emprendidas por el Gobierno federal contra presuntas redes de corrupción en el sector seguridad, particularmente aquellas relacionadas con exfuncionarios de administraciones anteriores.
