El consejero electoral Arturo Manuel Chávez López fue cuestionado por su participación en la licitación para producir las credenciales para votar del Instituto Nacional Electoral (INE), un contrato que firmó cuando se desempeñaba como director general de Talleres Gráficos de México.

Durante un encuentro con medios, Chávez evitó profundizar en los señalamientos relacionados con el procedimiento y sostuvo que no tenía conocimiento de algunos de los aspectos que le planteaban. Su nombre quedó en el centro de la discusión luego de que se conociera que estampó su firma en el convenio que adjudicó el servicio a un consorcio integrado por Cosmocolor, Icards Solutions y Talleres Gráficos de México.

La adjudicación se realizó el 10 de diciembre de 2025 y contempla la producción de credenciales durante el periodo de 2026 a 2031. El INE informó que el precio unitario acordado fue de 0.65 dólares antes de IVA y que se estima fabricar entre 84.9 y 94.1 millones de identificaciones durante la vigencia del contrato.

La controversia alrededor del procedimiento incluye denuncias de empresas participantes sobre presuntos cambios en las bases de la licitación que habrían favorecido al consorcio ganador, así como cuestionamientos por el costo de los códigos QR incorporados a las credenciales. Estas observaciones forman parte de los señalamientos sobre posibles irregularidades y no constituyen, por sí mismas, una resolución que acredite responsabilidades.

Uno de los puntos que conecta el contrato con la polémica alrededor de la entonces presidenta del INE, Guadalupe Taddei, es la participación de Cosmocolor. Su vicepresidente, Fernando Marón Kahwagi, aparece en un video de una reunión con proveedores y funcionarios electorales, en la que también se observa a Mario Burciaga, entonces director de Recursos Materiales del instituto. En la grabación, el apoderado de Cajas Graf, José Alfredo Hernández Casillas, agradece a Taddei por su supuesto apoyo en el proyecto.

El vínculo de Chávez con el contrato también adquirió relevancia porque, cuatro meses después de firmarlo como titular de Talleres Gráficos, fue designado consejero electoral por la Cámara de Diputados.

Sin embargo, el propio Chávez había declarado el 27 de octubre que durante los seis meses que estuvo al frente de Talleres Gráficos detectó y denunció irregularidades. Aseguró que la Auditoría Superior de la Federación tenía abiertas al menos tres investigaciones y mencionó el mecanismo de “capacidades ampliadas”, mediante el cual la dependencia formalizaba contratos, pero otras empresas realizaban los trabajos.

El caso mantiene bajo escrutinio la adjudicación de uno de los contratos más relevantes para la operación del padrón electoral y la relación entre funcionarios y empresas proveedoras. Las investigaciones y revisiones correspondientes deberán determinar si existieron irregularidades y quiénes serían responsables.