La violencia y la corrupción continúan representando un fuerte lastre para la economía mexicana, al generar pérdidas equivalentes al 12.4% del Producto Interno Bruto (PIB), de acuerdo con estimaciones de especialistas.
El impacto económico de estos fenómenos no solo se refleja en la inseguridad y la desconfianza social, sino también en el freno al crecimiento económico, la inversión y el desarrollo del país.
Datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) señalan que los actos de corrupción, particularmente el cohecho, generan costos millonarios cada año, evidenciando la persistencia de prácticas que afectan tanto al sector público como al privado.
Especialistas advierten que la violencia, vinculada en gran medida al crimen organizado, también implica gastos significativos en seguridad, pérdida de productividad y daños a la infraestructura, lo que limita el potencial económico de México.
A nivel internacional, diversos estudios han señalado que la inseguridad puede representar hasta más del 10% del PIB nacional, lo que coincide con las estimaciones actuales y confirma la magnitud del problema.
Este panorama se da en un contexto donde el crecimiento económico del país muestra señales de desaceleración, con proyecciones moderadas para 2026, lo que aumenta la presión sobre las finanzas públicas y el desarrollo económico.
Analistas coinciden en que, sin una estrategia efectiva para reducir la violencia y combatir la corrupción, México enfrentará dificultades para mejorar su competitividad y atraer mayores inversiones en el corto y mediano plazo.
