El exfiscal general de Chihuahua, César Jáuregui Moreno, fue vinculado a proceso por los presuntos delitos de ejercicio ilegal del servicio público y coalición de servidores públicos, dentro de la investigación estatal relacionada con la participación de agentes estadounidenses en un operativo contra un laboratorio clandestino en la Sierra Tarahumara.

La resolución se produjo durante la audiencia celebrada el jueves 22 de octubre, en la que un juez de control analizó los argumentos de la Fiscalía General del Estado y de la defensa del exfuncionario, quien compareció de manera remota desde el penal federal del Altiplano, en el Estado de México.

La causa penal estatal se relaciona con los hechos ocurridos en abril de 2026 en la comunidad de El Pinal, donde se realizó un operativo contra un presunto laboratorio de drogas sintéticas. La investigación busca establecer si durante esas acciones se permitió la participación de agentes estadounidenses en actividades de la Agencia Estatal de Investigación sin contar con las autorizaciones correspondientes.

De acuerdo con la imputación de la Fiscalía estatal, Jáuregui habría permitido que cuatro agentes estadounidenses participaran en labores vinculadas con la corporación desde octubre de 2025 y hasta el operativo de abril. El Ministerio Público sostiene que, por su posición como titular de la Fiscalía, tenía responsabilidades de dirección y supervisión sobre las actividades de sus subordinados.

Durante la audiencia, la representación ministerial argumentó que existían elementos para atribuirle presuntas conductas irregulares en el funcionamiento de la estructura de la Fiscalía y en la participación de personal extranjero en labores operativas.

La defensa, encabezada por el abogado Héctor Villasana, ha rechazado las acusaciones y sostiene que no existen pruebas directas que demuestren que Jáuregui ordenó o autorizó la intervención de los agentes estadounidenses. El propio exfiscal también ha negado haber cometido actos ilícitos.

La vinculación a proceso significa que el juez consideró que existen elementos suficientes para que la investigación penal continúe formalmente, pero no representa una declaración de culpabilidad. La responsabilidad del exfuncionario deberá determinarse durante las siguientes etapas del procedimiento judicial.

El caso tiene además una vertiente federal. Después de que se ejecutó una orden de aprehensión estatal contra Jáuregui, la Fiscalía General de la República cumplimentó otra orden por el presunto delito de traición a la patria, relacionada con los mismos hechos y con la posible participación no autorizada de agentes extranjeros en el operativo.

Por esa causa federal, un juez dictó prisión preventiva y el exfiscal permanece recluido en el penal de máxima seguridad del Altiplano. La audiencia federal para resolver si también será vinculado a proceso por ese delito está prevista para el sábado 24 de octubre.

Los dos procedimientos avanzan por separado: el estatal aborda las presuntas irregularidades en el ejercicio del servicio público y la coalición de servidores públicos, mientras que el federal se centra en la acusación de traición a la patria.

El operativo de El Pinal adquirió relevancia después de que se conociera que agentes estadounidenses participaron en las acciones y que cuatro personas —dos estadounidenses y dos funcionarios mexicanos— murieron en un accidente vehicular relacionado con el despliegue. El episodio abrió cuestionamientos sobre la autorización y coordinación de la colaboración entre autoridades mexicanas y personal extranjero en operaciones de seguridad.

La situación jurídica de Jáuregui continuará definiéndose en los tribunales, mientras la Fiscalía estatal y la FGR sostienen sus respectivas acusaciones y la defensa mantiene su postura de que el exfuncionario no incurrió en los delitos que se le atribuyen.